La polémica está servida: ¿el gobierno federal recortará o no los programas de salud para 2026? La respuesta no es tan sencilla como un sí o un no. Lo cierto es que la Estructura Programática para el Presupuesto 2026, que presentó el gobierno federal, ha levantado muchas alarmas entre expertos, legisladores y organizaciones de salud, quienes advierten que podría poner en riesgo la atención especializada de millones de personas en México.
¿Qué está pasando con los programas de salud?
Durante los gobiernos de Morena, la llamada política de “austeridad” ha tenido un impacto constante en el debilitamiento de los servicios públicos.
Y bueno, ahora tenemos el documento oficial de la Estructura Programática para el Presupuesto 2026, entregado recientemente al Congreso, se propone reducir el número de programas de la Secretaría de Salud de 27 a solo 16, bajo un nuevo esquema llamado “Política de Prevención y Control de Enfermedades”.
Según el gobierno, esta reestructuración no representa un recorte sino una “compactación” de programas, para evitar duplicidades, ordenar el gasto y fortalecer la eficacia. Pero detrás de esta narrativa técnica, existen dudas legítimas: ¿cómo garantizarán que áreas vitales como la atención al VIH/SIDA, el control de obesidad y diabetes, o la vigilancia epidemiológica sigan funcionando con la misma calidad y profundidad bajo un solo “súper programa”?
¿Qué programas se verán afectados?
Aunque el documento no elimina directamente ninguna intervención de salud, sí fusiona programas históricos y especializados, como:
- Prevención y control de sobrepeso, obesidad y diabetes
- Prevención y atención del VIH/SIDA y otras ITS
- Vigilancia epidemiológica
- Control de enfermedades crónicas y transmisibles
Estos programas, que durante años funcionaron de manera individual con equipos técnicos específicos y presupuestos independientes, ahora quedarían agrupados bajo un solo paraguas, lo que —según especialistas— puede diluir su enfoque, dificultar la ejecución y comprometer su efectividad.
La preocupación detrás de la “eficiencia”
El diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, médico y exfuncionario de salud, ha sido uno de los principales críticos de esta medida. En una serie de tuits señaló que esta compactación “ignora las particularidades de cada paciente y sus necesidades específicas de tratamiento”, algo especialmente grave en el caso de enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes y la hipertensión, que requieren atención continua, adaptada y especializada.
Además, alertó que la vigilancia epidemiológica —clave para anticipar brotes como el dengue o el sarampión— necesita un enfoque técnico y dedicado, no uno diluido dentro de una estructura genérica.
En el caso del programa “Salud Casa por Casa”, que seguirá bajo control de la Secretaría del Bienestar y de los Servidores de la Nación, este 2025 se destinarán 5 mil millones de pesos a este programa, redirigiendo al menos 2 mil millones de pesos de la Secretaría de Salud, y el resto recortado del presupuesto del IMSS y del ISSSTE. Lo cual es solo una muestra clara los fines electorales que tiene el programa.
Lo alarmante es que, pese a la millonaria inversión, los propios trabajadores del programa han denunciado falta de pago, ausencia de contratos —al ser registrados como “voluntarios”— y carencias graves de equipo para brindar atención domiciliaria.
¿Habrá recortes de personal o despidos?
Aún no se ha informado de manera clara si esta fusión programática implicará despidos o recortes administrativos, pero diversos analistas advierten que, en el pasado, cambios similares han derivado en la salida de personal técnico experimentado. Esto ya ocurrió con la eliminación del Insabi y con otras modificaciones institucionales durante el sexenio pasado, lo cual ha afectado la capacidad operativa de la Secretaría de Salud.
De hecho, la plantilla laboral del sector salud lleva años siendo precarizada, con contrataciones temporales y baja capacitación en áreas clave. Si la reducción de programas va acompañada de más recortes de personal, el impacto podría sentirse directamente en la calidad del servicio.
Birmex: ¿más dudas que certezas?
Otro punto que genera inquietud es la mención de Birmex como responsable de la producción de vacunas, reactivos y dispositivos médicos estratégicos. Aunque el gobierno lo presenta como un avance, el historial reciente de esta empresa estatal no es alentador: tuvo fallas graves en la distribución de medicamentos y protagonizó la megacompra consolidada que terminó anulada.
Además, hay rumores de que se buscará colaboración con empresas extranjeras —principalmente indias— en lugar de fortalecer la industria mexicana. Esto genera dudas sobre la viabilidad real del proyecto y la posible dependencia tecnológica que podría generarse.
Hacienda responde que será “compactación”
Frente a la ola de críticas, la Secretaría de Hacienda salió a aclarar que no se eliminarán programas ni se reducirá presupuesto. En un comunicado oficial, explicó que la estructura programática no determina los recursos asignados, y que los detalles finales se conocerán cuando se entregue el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2026, el próximo 8 de septiembre.
“La compactación no representa una reducción de recursos ni un recorte en la garantía de derechos; es un ejercicio técnico para fortalecer la coherencia del gasto público”, señaló la dependencia.
¿Por qué importa tanto esta discusión?
México invierte apenas el 6% del PIB en salud, cuando la recomendación internacional está entre el 9% y el 10%. Más de la mitad de ese gasto lo asumen directamente las familias mexicanas, no el Estado. En este contexto, cada peso debe usarse con eficiencia, sí, pero también con la garantía de que no se sacrifica cobertura ni calidad.
La salud pública no puede ser tratada como un tema meramente técnico o financiero. Las decisiones tienen consecuencias directas en la vida de las personas, y es necesario que se tomen con transparencia, diálogo y evidencia.
La “compactación” anunciada para 2026 requiere una explicación clara de cómo se mantendrán los niveles de atención especializada, ya que existe el riesgo de que represente un paso atrás en la atención a enfermedades que afectan a millones de personas.
A unas semanas de que se presente el presupuesto formal ante el Congreso, la Secretaría de Salud y Hacienda tendrá que responder muchas preguntas. Porque en un país donde ya hay escasez de medicamentos, falta de médicos y hospitales colapsados, cualquier cambio mal planeado puede salir muy caro.
