En pleno colapso humanitario por la desaparición de más de 129 mil personas y con más de 72 mil cuerpos sin identificar, el Senado mexicano aprobó, con 68 votos a favor, una reforma que modifica la Ley General contra la Desaparición Forzada. Impulsada por el gobierno de Claudia Sheinbaum, esta legislación plantea crear una Plataforma Única de Identidad, reforzar registros forenses, profesionalizar la Ficha de Búsqueda y convertir a la CURP en documento biométrico oficial. Pero entre lo técnico, lo político y lo simbólico, lo que queda en disputa es mucho más profundo que una ley.
La reforma incorpora a la CURP huellas digitales y fotografía, y obliga a instituciones públicas y privadas a compartir estos datos —y otros más, como imágenes satelitales— con fiscalías y cuerpos de seguridad, supuestamente sólo para la localización de personas. Esto ha generado preocupación por parte de legisladores de oposición —liderada por Movimiento Ciudadano, seguido por PAN y PRI— y colectivos de víctimas, quienes advierten que la medida podría derivar en vigilancia masiva sin supervisión ni garantías de protección de datos.
Desde la bancada oficialista, senadoras como Olga Sosa (Morena) defendieron que el objetivo es exclusivamente humanitario. Alejandra Barrales (MC), sin embargo, apuntó que si bien hay avances, los cambios siguen sin responder a las exigencias fundamentales de los colectivos de búsqueda, como fortalecer el Centro Nacional de Identificación Humana, tipificar adecuadamente el delito como crimen de lesa humanidad o revisar las cadenas de mando en los casos.
El gobierno federal ha promovido esta reforma como parte de su respuesta institucional tras el hallazgo del rancho Teuchitlán y el incremento de las cifras oficiales de desapariciones. Sin embargo, organizaciones como “La Glorieta de lxs Desaparecidxs” han señalado que se trata de una reforma “hecha al vapor”, aprobada en fast track, sin procesos amplios de deliberación ni integración real de las propuestas de los colectivos.
En efecto, el dictamen incluye puntos que se pueden considerar avances técnicos: el cruce de bases de datos forenses, la inclusión de “nombre social” para personas LGBTTTIQ+, el derecho de las familias a participar en la identificación humana, y la obligación de registrar en tres días los resultados periciales. Pero también hay retrocesos: se elimina la posibilidad de iniciar una búsqueda sin denuncia penal, lo cual puede desalentar a víctimas en regiones donde la colusión entre crimen organizado y autoridades es la norma.
La ONU, a través del Comité contra la Desaparición Forzada, ha alertado sobre la extensión de la práctica en México y evalúa activar mecanismos internacionales ante la insuficiencia de respuesta del Estado mexicano. En este contexto, aunque la narrativa oficial insiste en que se avanza hacia la verdad y la justicia, lo cierto es que esta reforma deja intactas muchas de las causas estructurales de la impunidad.
Las desapariciones en México no se resolverán con bases de datos ni con biometría si no se enfrentan los factores que las perpetúan: instituciones débiles, fiscalías sin rendición de cuentas y una falta crónica de recursos. La tecnología no sustituye la voluntad política. Y sin el involucramiento pleno de las familias —quienes han sostenido la búsqueda con sus propios medios y vidas— cualquier intento legal quedará a medio camino.
