La aprobación en el Senado de la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, presentada por el gobierno de Claudia Sheinbaum, ha generado una ola de reacciones que van desde el aplauso por su enfoque social hasta severas advertencias por los riesgos que podría implicar para la privacidad, la autonomía institucional y la libertad de expresión.
Con el respaldo de Morena, PT, PVEM y Movimiento Ciudadano, la legislación fue aprobada con 77 votos a favor y 30 en contra. Sus defensores destacan avances como el fortalecimiento a medios comunitarios, el acceso a internet en zonas marginadas y la creación de una Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), que sustituye al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). También subrayan medidas como la defensoría obligatoria de audiencias y mecanismos de inclusión para personas con discapacidad.
Pero más allá del discurso oficial, múltiples sectores —principalmente PRI, PAN y expertos en derechos digitales— han advertido sobre los riesgos de concentración de poder y vigilancia estatal. Aunque se eliminó el polémico artículo 109 que facultaba al gobierno para bloquear plataformas digitales sin orden judicial, siguen vigentes otras disposiciones que preocupan por su potencial uso autoritario. Entre ellas, la posibilidad de suspender transmisiones por criterios ambiguos, el registro obligatorio de líneas móviles con identificación oficial y el acceso a datos y geolocalización sin control judicial efectivo.
La crítica se centra también en la eliminación del IFT, un órgano autónomo que daba contrapeso técnico al Ejecutivo. Su reemplazo por la ATDT, bajo dirección propuesta por el Ejecutivo y ratificada por el Senado, genera dudas sobre la independencia de la regulación futura. En paralelo, la desaparición de la Cofece para dar paso a una nueva Comisión Nacional Antimonopolio, subordinada a la Secretaría de Economía, apunta a una reconfiguración institucional que diluye los contrapesos en áreas estratégicas.
Aunque la ley fue modificada a partir de observaciones de la sociedad civil y especialistas, los cambios no convencen del todo. Las críticas insisten en que lo aprobado aún contiene puertas abiertas a la censura indirecta. Como explicó el especialista en ciberseguridad Jersain Llamas, la posibilidad de vigilancia sin orden judicial podría desalentar la libertad de expresión por la sensación de estar constantemente observados.
Desde Palacio Nacional se insiste en que no se busca censurar, sino “proteger a las audiencias”. Pero esa narrativa choca con la ambigüedad de conceptos como “derechos de las audiencias”, que —al no estar claramente definidos— podrían ser usados para suspender contenidos incómodos al poder.
La defensa oficial recurre a una paradoja: acusa a la oposición de alarmista, pero omite que muchas de las facultades polémicas ya existían desde 2014, cuando PRI y PAN gobernaban. El senador Ramírez Marín lo dijo sin rodeos: “La ignorancia es temeraria, pero la estupidez más”.
La legislación aún debe ser discutida en la Cámara de Diputados, donde podría recibir ajustes adicionales. Sin embargo, el debate de fondo persiste: ¿esta reforma democratiza el acceso a la información o instala nuevos mecanismos de control? La respuesta, como suele ocurrir con reformas complejas y técnicas, dependerá no solo del texto legal, sino de su interpretación, aplicación… y del contexto político en que se despliegue.
