- Se impone prisión preventiva a los imputados tras acreditarse su probable participación en actos intimidatorios contra comerciantes del Centro Comercial Agropecuario
- Los imputados presuntamente obligaron a vender fruta impuesta y a realizar pagos bajo amenazas
- Se obtuvo un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria
La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, mediante el trabajo conjunto entre las áreas de investigación y litigación, consiguió que un Juez de Control dictara auto de vinculación a proceso contra Christian Alejandro “N” alias “Pacheco”, Edgar René “N” alias “Negro” e Ismael “N” alias “Piola”, por su probable responsabilidad en el delito de extorsión agravada, cometido en perjuicio de comerciantes del Centro Comercial Agropecuario.
Según las investigaciones, el 16 de mayo de 2025 los imputados comenzaron a ejercer violencia moral al presentarse como integrantes de una organización criminal y exigir a los comerciantes que vendieran fruta bajo condiciones y precios impuestos. Amenazaron con represalias si se negaban a cooperar. A partir del 18 de mayo, los afectados recibieron en contra de su voluntad varias cargas de producto dentro del centro comercial, alcanzando aproximadamente 59 toneladas que se vieron forzados a comercializar bajo presión.
El 10 de junio, Ismael “N” supuestamente comenzó a exigir pagos bajo el concepto de una “rifa”, advirtiendo que quienes no cooperaran serían objeto de represalias, como incendios en sus bodegas o agresiones físicas. Las víctimas recibieron una tabla con sus nombres y los montos a pagar. El 5 de julio, nuevamente “Piola” habría exigido pagos quincenales con montos duplicados, y bajo estas amenazas, los comerciantes entregaron un total de 197 mil 500 pesos.
Tras las denuncias, elementos de la Agencia Estatal de Investigación Criminal realizaron diversas diligencias, entrevistas y análisis que permitieron identificar plenamente a los presuntos responsables y su modo de operar basado en amenazas y cobros ilegítimos. El Ministerio Público, adscrito a la Unidad de Combate al Secuestro, integró una carpeta de investigación sólida, sustentada en pruebas periciales, testimonios y documentos, lo cual permitió judicializar el caso.
El Juez de Control consideró suficientes los datos de prueba y decretó la vinculación a proceso de los tres individuos, imponiendo prisión preventiva en su doble aspecto: oficiosa y justificada. Además, se concedió un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, con el fin de fortalecer aún más el caso y asegurar justicia para las víctimas.
