- Silvia Rocío Delgado García denunció a BI Noticias por presunta Violencia Política en Razón de Género tras ser señalada como exabogada de “El Chapo”
- Especialistas advierten que el caso no cumple con los elementos de género necesarios para considerarse VPG y representa un riesgo para la libertad de expresión.
- BI Noticias prepara su defensa legal, argumentando que se trata de la difusión de información de interés público
La jueza electa en Chihuahua, Silvia Rocío Delgado García, presentó una denuncia ante las autoridades electorales contra BI Noticias y otros medios de comunicación nacionales por presunta Violencia Política en Razón de Género (VPG), luego de que se publicaran notas donde se mencionaba su relación laboral con Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”.
La queja, presentada un mes antes de la jornada electoral, sostiene que tras la publicación de la organización Defensorxs, en la que se calificaba a Delgado García como una candidata “altamente riesgosa”, se desató una campaña de desprestigio en su contra. En el caso de BI Noticias, la denuncia señala específicamente la nota titulada “Exabogada de ‘El Chapo’ busca convertirse en jueza”, donde se hace referencia a la trayectoria profesional de Delgado García como parte del equipo legal del exlíder del Cártel de Sinaloa, información que ella misma había reconocido públicamente.
La jueza electa fundamenta su denuncia en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y en el artículo 256 Bis, inciso f) de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, argumentando que las publicaciones atentan contra su dignidad e integridad en el ejercicio de sus derechos políticos.
El pasado 2 de mayo de 2025, el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua admitió la queja a trámite y dictó medidas de protección a favor de Delgado García, aunque declaró improcedentes las medidas cautelares solicitadas. Entre las sanciones que la candidata demanda se encuentran: la emisión de una disculpa pública, la prohibición de ocupar cargos públicos para los denunciados, la inscripción en el registro de personas sancionadas por VPG, la obligación de tomar cursos en materia de género y una indemnización por daño moral.
En respuesta, BI Noticias prepara su defensa legal, argumentando que la publicación se enmarca en el derecho a la libertad de expresión y al acceso a la información de interés público. De acuerdo con el medio, lo que se pretende es utilizar la figura jurídica de la VPG como un instrumento de censura, tergiversando su naturaleza y propósito original.
Al respecto, Arturo Espinosa Silís, especialista en temas electorales y director de Laboratorio Electoral, advirtió sobre los riesgos de malinterpretar el concepto de Violencia Política en Razón de Género. “El caso de la candidata Silvia Delgado es otro más en los cuales se está confundiendo la figura de la VPG con un límite a la libertad de expresión. Se está desconfigurando qué debe entenderse como violencia política de género”, señaló.
Espinosa Silís explicó que la VPG implica un menoscabo directo a los derechos político-electorales de las mujeres, con elementos de género claros, lo cual —desde su perspectiva— no ocurre en este caso. “Se trata de notas periodísticas donde se reportan antecedentes de la candidata relacionados con figuras criminales relevantes. No hay un ataque a su condición de mujer ni una afectación a sus derechos electorales; por el contrario, lo que se observa es un intento de restringir la labor informativa de los medios”, puntualizó.
El caso ha abierto un debate sobre los límites entre la protección de los derechos políticos de las mujeres y la libertad de expresión de los medios de comunicación. Mientras el proceso sigue su curso legal, la discusión sobre el uso correcto de la figura de VPG y su instrumentalización como posible herramienta de censura sigue vigente.
