El Congreso afinó la iniciativa para castigar como delito la colocación de ese tipo de avisos y evitar interpretaciones erróneas.
Se prevé que la votación final ocurra en la primera sesión ordinaria de septiembre.
La propuesta contempla sanciones de cárcel para quienes emitan mensajes intimidatorios que generen temor.
El Congreso del Estado aprobó ajustes a la iniciativa que tipifica como delito la colocación de narcomantas, con el objetivo de cerrar vacíos legales y establecer sanciones más claras. La propuesta, que ya había sido votada con anterioridad, fue replanteada para evitar interpretaciones ambiguas y garantizar su correcta aplicación.
Las modificaciones serán votadas en el próximo periodo ordinario que inicia en septiembre, informó la presidenta de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), Alma Hilda Medina Macías. Explicó que en la sesión extraordinaria de este mes se abordarán otros asuntos, como una reforma constitucional en materia de ciencia y tecnología, una homologación de términos en el Código Civil impulsada por Morena y una iniciativa enviada por la gobernadora Teresa Jiménez.
“Se estarán votando asuntos relativamente sencillos […] pero aquí lo principal es que podamos sesionar hasta el 29 de agosto”, comentó.
Sobre la iniciativa de narcomantas, señaló que el dictamen ya está listo y cuenta con el respaldo de los 18 diputados que integran la alianza legislativa. El único pendiente es una reunión con el fiscal estatal, así como con los nuevos jueces penales, para afinar detalles.
Medina Macías precisó que recientemente recibieron la opinión del gobierno estatal, por lo que la propuesta ya fue avalada. “Es un tema muy delicado el cual no podemos hacer de manera arrebatada y, pues, ya está todo planchado”, expuso.
La legisladora estimó que la votación se llevará a cabo en la primera sesión ordinaria de septiembre. Si bien la intención era someterla a la sesión extraordinaria, consideró importante incluir la opinión del fiscal antes de su aprobación final.
Detalló que el ajuste principal consiste en eliminar una palabra que, mal interpretada, podría afectar a personas dedicadas a la labor informativa. La propuesta contempla sancionar con prisión a quienes emitan mensajes intimidatorios que amenacen o promuevan hechos con apariencia de delito y que generen temor en la población. La expresión eliminada era similar al término “difusión”, para evitar que la norma perjudique a comunicadores.
