En México, existen más de 128,000 personas desaparecidas y no localizadas. Como respuesta a esta grave crisis de desaparición, familias, padres y madres se han unido para dedicar sus vidas a la búsqueda de sus seres queridos. Hasta el día de hoy, existen más de 200 colectivas a lo largo del país, todas con el mismo objetivo: la exigencia por la verdad, la justicia y la reparación, reclamando la garantización de sus derechos, la creación de leyes, políticas públicas e instituciones especializadas para combatir este problema.
Buscar no debería costar la vida, pero en México es una realidad
Activistas, organizaciones y personas dedicadas a la búsqueda comparten la misma ideología: en México, buscar a una persona desaparecida es el equivalente a realizar una actividad de alto riesgo que puede poner en peligro la vida propia. Según el Informe “Desaparecer otra vez: violencias y afectaciones que enfrentan las mujeres buscadoras en México” de Amnistía Internacional, de 2011 a 2025, al menos 30 familiares de personas desaparecidas han sido asesinadas. Entre ellos, 16 han sido mujeres.
Las mujeres buscadoras se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad al realizar esta labor, principalmente debido a la violencia sistémica. Factores como la discriminación estructural por género, racialización, idioma, su lugar de residencia, su orientación sexual o su clase social, las colocan en condiciones de riesgo que se traducen con frecuencia en amenazas, extorsiones, desapariciones e incluso asesinatos.
Sin respaldo por parte del gobierno, las buscadoras se encuentran en un callejón sin salida. No pueden acudir a las autoridades por la creciente desconfianza que ellos mismos han generado debido a la complicidad institucional, la deficiencia y omisión al momento de garantizar protección de sus derechos.
¿Cuántos casos de asesinato de madres buscadoras van en el año?
La mayoría de las mujeres realizan estas labores de búsqueda de manera colectiva, aunque también existen quienes lo hacen de forma individual. En el país existen alrededor de 234 colectivas, de las cuales el 90% de sus integrantes son mujeres. De este total, el 65% son madres, el 21% hermanas, el 13% parejas, el 6% hijas y el 5% amigas.
Las madres buscadoras se encuentran bajo un grave riesgo de sufrir diversas violencias que pueden resultar en asesinatos. De acuerdo con datos públicos, el año más letal fue el 2022, en el que se registraron 6 asesinatos.
Este año, hemos sido testigos de casos recientes que confirman la gravedad de esta situación. En Guadalajara, se dio a conocer el caso de Teresa González Murillo, quien llevaba desde 2024 buscando a su hermano. Fue asesinada tras haber recibido amenazas días previos al ataque, incluyendo una agresión a su hija de 15 años. En la misma ciudad, María del Carmen Morales fue encontrada sin vida, junto con uno de sus hijos, en un parque público. Solo habían sucedido 3 semanas de diferencia desde lo de Teresa.
Lamentablemente, a tan solo 7 meses de lo que va del año, se siguen sumando cifras. Recientemente, fue localizado el cuerpo de Aída Karina Juárez Jacobo en San Luis Potosí. Llevaba tan solo 2 meses de haber reportado a su hija Goretty en Zacatecas.
Con el aumento de casos, este año se han sumado 3 asesinatos de madres buscadoras. Cada una de ellas perteneciente a colectivas comprometidas a lograr la localización de sus seres queridos y sin miedo a señalar al gobierno negligente.
¿Quién las protege?
A pesar del incremento de casos en México, las autoridades han hecho nulos esfuerzos por proteger a las víctimas, a las defensoras de derechos humanos y a las madres buscadoras. Un claro ejemplo es como en 2023 dejaron de actualizar la base de datos de los hallazgos de fosas, lo cual va muy de la mano con el registro de personas desaparecidas, pese al hallazgo de más fosas clandestinas. México ignora cuántas fosas clandestinas hay y cuántas madres buscadoras han sido silenciadas en el camino. Frente a este panorama, el resto de organizaciones, activistas y periodistas buscan cambiar la narrativa.
En colaboración con El Cabildo de Juárez, el órgano máximo del gobierno municipal de Ciudad Juárez en Chihuahua, colectivas y organizaciones civiles lograron crear el Fondo Municipal de Apoyo para Actividades de Visibilización, Acceso a la Justicia y Activismo, el cual busca brindar apoyo financiero a las madres buscadoras. Por medio del fondo, se busca que las madres obtengan recursos para las jornadas de búsqueda, incluyendo la alimentación, traslado y gasolina. Además, la implementación de herramientas adecuadas para poder realizar las labores de manera adecuada como cascos y botas. También buscan cubrir los gastos del mantenimiento de los panteones, entre otros aspectos.
No se conocen con exactitud los detalles de la implementación de este fondo aún, pero ha estado en charlas. La regidora del ayuntamiento de Ciudad Juárez, María Dolores Adame Alvarado, presentó un punto de acuerdo para apoyar con $5 millones a las madres buscadoras, el cual sería administrado por el Instituto Municipal de las Mujeres.
Hasta la fecha, las buscadoras revelan que 1 de cada 2 no ha recibido un apoyo de las autoridades para hacer frente a las consecuencias negativas de la desaparición. Las mujeres que reportaron que sí, mencionaron que el apoyo recibido fue traducido en acompañamiento jurídico y psicoemocional, atención médica, alimentación, transporte o alojamiento y en algunos casos, en compensación económica.
Por otro lado, surge la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y las comisiones estatales de búsqueda, que tienen la obligación de dar seguimiento a las acciones de búsqueda de personas desaparecidas. Las madres buscadoras mencionan que cuando piden apoyo, les suelen proporcionar transporte, alimentación, gasolina y seguridad. Sin embargo, resaltaron que, por lo general, son las familias las que tienen que proponer los lugares donde realizar las búsquedas, además de ser ellas quienes realizan las labores de búsqueda ya estando ahí.
Además, hay una cantidad de mujeres que prefieren realizar las búsquedas de manera independiente, ya que a menudo se someten a burlas, agresiones y falta de participación por parte de funcionarios
Cabe destacar que las madres buscadoras han abierto un montón de puertas a la labor de búsqueda de personas desaparecidas, más no es su responsabilidad reconocer y resolver la grave crisis que enfrenta México. Las autoridades tienen la obligación de proteger, comprometerse y garantizar estos derechos.
