- Alejandro Sánchez Laguna señaló que la libertad de expresión debe ejercerse con responsabilidad y sin invadir la vida privada.
- Advirtió sobre el abuso del concepto de violencia política de género en casos recientes.
- Expresó dudas respecto a la preparación de nuevos jueces en materia familiar.
Alejandro Sánchez Laguna, abogado litigante con amplia trayectoria en Aguascalientes, abordó temas relacionados con la libertad de expresión, la violencia política de género y los recientes cambios en el Poder Judicial. Señaló que, aunque la libertad de expresión es un derecho fundamental, esta debe ejercerse con límites claros.
“Los reporteros tienen todo el derecho de difundir y expresar lo que consideren mientras no se metan en el ámbito privado de las personas. Las figuras públicas son susceptibles de críticas sobre su actividad, pero no en su vida personal”, afirmó. En ese sentido, diferenció entre sancionar excesos y censurar a los medios de comunicación, advirtiendo que lo segundo sería “ilegal” y representaría un retroceso frente a décadas de lucha por una prensa libre.
Sánchez Laguna recordó que en las décadas de los 70 y 80 existían controles gubernamentales sobre los contenidos, los cuales, dijo, no deben repetirse: “Hace 30 o 40 años ningún medio publicaba nada sin que pasara por la Secretaría de Gobernación”, señaló.
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El abogado también manifestó su preocupación por el uso del concepto de violencia política de género en casos recientes, como el de Radio BI. Aseguró haber revisado las publicaciones de este medio y no encontrar elementos que justificaran tal acusación: “Se ha abusado del concepto. Imagínate a esa jueza, ya en funciones, cómo va a juzgar”, cuestionó, subrayando que estas situaciones sientan precedentes peligrosos.
En cuanto a la reforma judicial y los nuevos perfiles en materia familiar, expresó dudas sobre la preparación de quienes ocuparán cargos: “Es lamentable que abogados experimentados como Rocío Franco Villalobos hayan quedado fuera. Ellos evolucionaron la justicia familiar y le dieron sentido a lo que dice la Constitución: justicia pronta y expedita”, dijo.
Asimismo, criticó que algunos perfiles electos carezcan de experiencia, incluso mencionando el caso de una magistrada recién titulada: “La curva de aprendizaje será larga, y eso impactará directamente en los justiciables”, añadió.
Finalmente, lamentó que se presuma la intención de contratar despachos externos para dictar sentencias: “No puede haber una peor idea. Quienes somos abogados litigantes sabemos el impacto que esto tendrá en la respuesta que damos a quienes buscan justicia”, concluyó.
