- Esta instancia cumple once años visibilizando y acompañando casos de violencia en nuestro estado.
- Mariana Ávila alerta sobre el aumento del reclutamiento ilegal de jóvenes con habilidades técnicas específicas.
- Aunque se han identificado patrones, persiste un silencio institucional que impide respuestas efectivas.
En el marco del aniversario número once del Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes, su presidenta y fundadora, Mariana Ávila Montejano, compartió una reflexión sobre la evolución de esta iniciativa ciudadana que, desde su creación, ha buscado generar una lectura crítica de las violencias que atraviesan a las personas en el estado y en el país.
Durante más de una década, el Observatorio ha apostado por una mirada que no se limita a los datos estadísticos, sino que pone en el centro las historias de vida y los contextos que explican por qué muchas personas siguen sin acceso a la justicia: “No solamente los datos, las cifras, sino las historias”, señaló Ávila Montejano, al tiempo que subrayó la importancia de nombrar lo que está ocurriendo en el entorno social.
A lo largo de estos años, la organización ha acompañado numerosos casos de desaparición en la región, una problemática que, según indicó, ha mutado profundamente. De los primeros casos vinculados a violencia intrafamiliar o a delitos comunes, hoy se observa una estructura más compleja, en la que se entrelazan intereses económicos, políticos e incluso institucionales: “Estamos hablando de toda una estructura que podría parecer hasta empresarial”, enfatizó.
Con base en su experiencia, Ávila Montejano explicó que, en los últimos años, la dinámica del reclutamiento forzado ha cobrado fuerza en el estado. Jóvenes con habilidades técnicas específicas, como conocimientos en sistemas o soldadura, han sido atraídos mediante ofertas laborales que, posteriormente, se traducen en desapariciones: “Después de ofertas de trabajo con condiciones medianamente atractivas dejaron de estar comunicados con sus familias”, explicó.
Pese a lo delicado del fenómeno, la presidenta del Observatorio señaló que aún hay un silenciamiento institucional que impide implementar políticas públicas efectivas para detener esta forma de violencia. No obstante, reconoció avances en el trabajo conjunto con la Comisión de Búsqueda del Estado y algunos elementos de la Fiscalía General, lo que ha permitido identificar patrones y generar estrategias de prevención.
En cuanto al papel de las redes sociales, Mariana Ávila fue clara en señalar que no son el factor principal de enganche. De hecho, afirmó que varias personas desaparecidas no tenían siquiera acceso a internet o dispositivos móviles. El factor más determinante, dijo, sigue siendo la falta de oportunidades y el abandono institucional hacia las juventudes: “Es una realidad que estamos viviendo y que tampoco se quiere nombrar”, agregó.
Finalmente, ante la pregunta sobre cómo prevenir estos hechos desde las familias, Ávila Montejano reconoció que el diálogo es importante, pero insuficiente: “Esto es mucho más complejo”, concluyó, haciendo énfasis en la necesidad de fortalecer las políticas públicas que garanticen desarrollo, inclusión y justicia para las juventudes.
