Se reduce presupuesto federal en rubros que debieran ser prioritarios, mientras se incrementa para el Tren Maya.
La deuda del país alcanza 20.3 billones de pesos, más del 50% del Producto Interno Bruto.
Programas de salud enfrentan fusión y reducción de recursos, afectando atención a enfermedades crónicas y obesidad.
La federación disminuye recursos en áreas clave para la ciudadanía, como salud y seguridad, mientras incrementa el presupuesto destinado al Tren Maya, informó el diputado federal por Aguascalientes, Paulo Martínez López. El legislador señaló que actualmente se analiza el paquete económico enviado por la federación, cuya votación se espera en los próximos días.
Comentó que también se contempla un impuesto a las bebidas azucaradas, aunque no se observa que los recursos se dirijan a programas de salud. Asimismo, destacó que la deuda del país ha crecido de manera significativa. “Cuando concluyó el sexenio de Peña Nieto, la deuda histórica era de 10 billones de pesos acumulados en 50 años, y ahora estamos cerca de 20 billones solo durante la administración de la 4T”, explicó.
Martínez López subrayó que aún falta mucho por analizar, pero de entrada el proyecto de ley de ingresos contempla recortes en salud y seguridad. Explicó que, mientras el presupuesto para programas sociales aumentó de 140 mil millones de pesos al inicio de la administración de López Obrador a más de 900 mil millones, el Tren Maya recibirá 40 mil millones de pesos adicionales. Este proyecto, valuado originalmente en 150 mil millones, ya suma un gasto cercano a 600 mil millones de pesos.
Respecto al Poder Judicial, señaló que se registró un aumento de 15 mil millones de pesos, a pesar de que el nuevo poder judicial debería operar con austeridad. En materia de infraestructura, mencionó que algunos recursos se destinan a carreteras, aunque este sector estuvo históricamente abandonado.
En cuanto a salud, Martínez López advirtió que el panorama es alarmante. Tras el recorte de 2025, ahora se anuncia la “fusión” de 11 programas, lo que se traduce en menos presupuesto, personal y atención. “Esto representa un abandono a la salud pública. Se eliminaron apoyos a programas de atención a obesidad, VIH y enfermedades crónicas. Es condenar a miles de familias a enfrentar solas su derecho a la salud”, concluyó.
