El aumento de la extorsión
En el sexenio del presidente López Obrador (2018-2024) hubo un crecimiento del 57% del delito de la extorsión en comparación con el gobierno de Peña Nieto (2012-2018), según estadísticas oficiales.
Existe una relación directa entre el aumento de las extorsiones y el crecimiento de las capacidades de los grupos del crimen organizado, que se traducen, entre otras cosas, en un mayor y más profundo control del territorio que dominan.
La estrategia de seguridad del gobierno de López Obrador de “abrazos y no balazos” y no “uso de la fuerza pública, porque esto genera más violencia”, está a la base del crecimiento histórico de la extorsión en el país.
Entre 2018 y enero de 2025, en el cuarto mes del gobierno de la presidenta Sheinbaum Pardo (2024-2030), las extorsiones pasaron de 18.9 a 29.77 al día, que al mes son 893 y al año 10 717.2.
En julio pasado, la presidenta envió a la Comisión Permanente una iniciativa de ley que fue turnada a la Cámara de Diputados, recién iniciada en su periodo ordinario. El documento admite el incremento exponencial de la extorsión en el sexenio anterior y en lo que va de este.
Asume que la prevención y el combate a la extorsión han sido insuficientes en los tres órdenes de gobierno y, por ello, sostiene que este delito debe dejar de considerarse una conducta menor para reconocerse como un crimen que daña el patrimonio y la salud mental de la ciudadanía.
En el texto se dice que la extorsión es un delito que cometen los grupos del crimen organizado, para hacerse de recursos, que afectan no solo a la víctima sino a la comunidad en diversos ámbitos como el comercio y la prestación de servicios.
La extorsión no solo se da en el ámbito de las actividades económicas privadas, sino que también está presente en la función pública, donde presidentes municipales, para poner solo un ejemplo, son obligados al pago de cuotas o entregar áreas de la administración al control de los grupos del crimen organizado.
Las cifras de extorsión que reconoce el gobierno se construyen solo a través de los casos denunciados que en 2022 fueron 10 343, en 2023, 10 337 y en 2024, 10 240, pero en la realidad el número es mucho mayor, y el problema todavía más grave de lo que se reconoce.
La iniciativa plantea dotar a los tres órdenes de gobierno de una legislación general que fortalezca su capacidad de respuesta. Una mejor ley puede ser de ayuda, pero no basta: la verdadera solución está en la voluntad política de enfrentar, con acciones y no solo con discursos, a los grupos del crimen organizado que crecieron como nunca en el sexenio pasado.
