Hablando de discapacidad con Ricky Martínez
En Aguascalientes se habló más allá de la discapacidad
El pasado sábado 30 de agosto, el vestíbulo del Congreso del Estado de Aguascalientes se convirtió en un espacio inusual: un punto de encuentro real entre la política y la ciudadanía. La diputada local por Acción Nacional, Arlette Muñoz, convocó al foro “Más allá de la discapacidad”, un ejercicio parlamentario que marcó un precedente importante en la forma en que se puede dialogar sobre inclusión y derechos humanos en la entidad.
Allí participaron personas con discapacidad, activistas, colectivos, asociaciones civiles, líderes de opinión y funcionarios estatales y municipales. No fue una reunión simbólica, sino un auténtico ejercicio de escucha y construcción de ideas, en el que se planteó una verdad fundamental: las personas con discapacidad no son beneficiarias pasivas de programas asistenciales, sino sujetos plenos de derechos.
El foro tuvo la virtud de reunir perspectivas diversas y visibilizar la urgencia de replantear el enfoque con el que históricamente se ha tratado la discapacidad. De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI, en México 20.8 millones de personas tienen alguna discapacidad o limitación funcional, lo que equivale al 16.5% de la población. En Aguascalientes son más de 180 mil personas en esta condición. Frente a estas cifras, la deuda del Estado es evidente: los marcos legales y las políticas públicas no han respondido a la magnitud ni a la diversidad de necesidades.
En mi participación subrayé que las leyes deben basarse en un enfoque de derechos humanos, social y de diversidad funcional. Es indispensable dejar atrás la visión asistencialista para reconocer a la persona con discapacidad como protagonista y no como objeto de caridad. También hice un llamado a que la legislación sea una herramienta efectiva que obligue al Ejecutivo a cumplir con los programas institucionales y que permita a la sociedad organizada exigir jurídicamente sus derechos. En este sentido, las leyes no deben quedarse en buenas intenciones, sino convertirse en instrumentos de exigibilidad.
Asimismo, planteé la necesidad de ampliar las acciones afirmativas en candidaturas políticas, puestos en consejerías electorales, espacios en el sistema judicial y cargos en la administración pública. Estos mecanismos no son privilegios, sino medidas indispensables para revertir la exclusión histórica.
El foro permitió escuchar testimonios que reforzaron esta visión. El diputado local de Guanajuato, Jesús Hernández, compartió su experiencia en la lucha política y social, recordando que no basta con reclamar derechos: es indispensable ocupar los espacios de decisión. Su mensaje fue claro: si las personas con discapacidad no participan plenamente en la vida pública, otros decidirán por ellas, perpetuando la desigualdad.
También se contó con la historia de Ignacio Martínez, nadador paralímpico multicampeón con parálisis cerebral, quien demostró que la resiliencia y la disciplina florecen cuando existen condiciones de inclusión. Su trayectoria internacional evidenció que el talento se potencia cuando las leyes garantizan igualdad de oportunidades.
Un acierto del foro fue la disposición de la diputada Arlette Muñoz a escuchar a múltiples voces de la sociedad civil, lo que convirtió al encuentro en un laboratorio de propuestas legislativas que abarcaron accesibilidad urbana e inclusión laboral. La legisladora asumió que la tarea del Congreso no debe limitarse a reformar leyes en el escritorio, sino a abrirse a la experiencia de quienes viven las problemáticas.
Sin embargo, un solo foro no basta. La inclusión no puede depender de voluntades individuales ni de coyunturas políticas. Se requiere institucionalizar estos ejercicios de diálogo como una práctica parlamentaria permanente, para que las propuestas se traduzcan en reformas legales, presupuestos específicos y mecanismos de seguimiento. De nada servirá la apertura de un día si no se convierte en una acción constante.
Es fundamental además que se garantice la participación de personas con distintos tipos de discapacidad —intelectual, psicosocial, sensorial y motriz— así como de mujeres, jóvenes y comunidades rurales. La discapacidad no es homogénea y las soluciones tampoco pueden serlo.
La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, ratificada por México en 2007, establece que los Estados deben asegurar la participación plena y efectiva de este sector en la vida política, económica y social. No obstante, los avances han sido insuficientes: solo el 47% de las personas con discapacidad mayores de 15 años cuenta con educación básica completa, apenas el 39% participa en el mercado laboral frente al 64% de la población sin discapacidad, y el 70% de los espacios públicos presenta barreras físicas o comunicacionales.
Estos datos muestran que el reto es enorme, pero también que foros como este pueden ser un primer paso para construir un marco legislativo más sólido y justo. “Más allá de la discapacidad” fue un respiro en la vida parlamentaria de Aguascalientes y demostró que cuando el Congreso abre sus puertas a la sociedad, se generan diagnósticos más certeros y propuestas más legítimas.
El desafío ahora es que este foro no sea una excepción, sino el inicio de una nueva forma de legislar, en la que la voz de quienes han sido marginados sea parte indispensable de la solución. La inclusión parlamentaria no es un gesto de buena voluntad, es un deber democrático.
