Hablando de discapacidad
Es momento de alzar la voz de las personas con discapacidad
En Aguascalientes hay violencia en contra de ellas. Los últimos treinta días en la entidad han evidenciado una realidad que muchos prefieren ignorar: la violencia contra las personas con discapacidad no es un tema aislado, ni mucho menos un accidente del destino. Es un problema estructural que nace de la falta de capacitación, del desconocimiento y, sobre todo, de la ausencia de sensibilidad y respeto hacia la dignidad humana.
El primer hecho que cimbró a la comunidad ocurrió cuando un joven con autismo sufrió una crisis que derivó en daños menores a un vehículo particular, propiedad de la pareja de dos elementos policiales en activo. La madre del joven, Aurora, consciente de la situación, acudió de inmediato con los oficiales para pedir disculpas y buscar una salida pacífica mediante el diálogo. La respuesta no fue comprensión ni mediación, sino violencia: tanto ella como su hijo fueron sometidos y puestos a disposición, sin que mediara protocolo alguno y violentando su derecho al debido proceso.
La madre denunció ante medios de comunicación que, además de las agresiones físicas y psicológicas, existió una probable extorsión a familiares, lo que agrava aún más la actuación de los elementos. Este no es un error menor, sino un atropello directo a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (ONU, 2006), que en su artículo 13 establece que los Estados deben garantizar el acceso a la justicia “en igualdad de condiciones con las demás personas”, lo que claramente no se cumplió.
El segundo caso, apenas la semana pasada, generó una oleada de indignación: en la secundaria número 18, un alumno con discapacidad tuvo un altercado con otro compañero. La docente de educación especial, consciente de la situación, solicitó apoyo, pero lo que llegó no fue acompañamiento, sino criminalización. Dos policías irrumpieron en el plantel y, sin mediar protocolos, detuvieron de manera violenta tanto al joven como a la maestra que exigía respeto a la dignidad de su alumno. La imagen de una educadora esposada junto a un adolescente con discapacidad es, en sí misma, una radiografía del profundo desconocimiento institucional sobre cómo actuar en estas circunstancias.
Estos dos casos, lejos de ser anecdóticos, muestran el patrón de una violencia sistemática. El INEGI, en su Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS 2022), señala que el 27% de las personas con discapacidad han declarado haber sufrido discriminación directa en el último año, y que uno de los principales espacios de violencia son justamente las instituciones de seguridad y educación. Lo ocurrido en Aguascalientes confirma esos datos: la violencia no solo está en la calle, sino también en los espacios donde debería garantizarse la protección y el respeto a los derechos humanos.
La Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y la propia Constitución establecen que toda persona tiene derecho a un trato digno y a no ser discriminada por ninguna condición. Sin embargo, la realidad muestra que los protocolos de actuación en Aguascalientes no están siendo aplicados, y en muchos casos ni siquiera son conocidos por quienes deberían implementarlos. Como señaló una docente de educación especial tras los hechos de la secundaria 18: “No se trata de buena voluntad, se trata de conocimiento y de respeto a la ley”.
La simulación es evidente. Desde hace años se habla de capacitaciones policiales, de sensibilización en escuelas y de campañas de inclusión. Pero los hechos demuestran que esas acciones se quedan en el papel o en la foto institucional. Si existiera una verdadera cultura de respeto a los derechos de las personas con discapacidad, un joven con autismo no habría terminado esposado junto a su madre, y un alumno de secundaria no habría sido criminalizado por una crisis de conducta vinculada a su condición.
No se trata solo de fallas individuales de algunos elementos policiales o directivos escolares. Se trata de un sistema que invisibiliza. Se trata de autoridades que prefieren culpar a la “falta de comunicación” antes que reconocer que se violentaron derechos fundamentales. Se trata de un Estado que, en pleno 2025, sigue sin garantizar a cabalidad el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por México hace casi dos décadas.
Vale recordar que la Carta de los Derechos de las Personas con Discapacidad en México establece, entre otros puntos, el derecho a la igualdad, a la no discriminación, a la accesibilidad, a la protección contra la violencia y el abuso, y al respeto de su integridad física y mental. En los dos casos recientes en Aguascalientes, todos y cada uno de esos derechos fueron vulnerados.
Lo más grave es el mensaje que se envía a la sociedad. Si quienes deben ser guardianes de la ley actúan con violencia y sin protocolos, ¿qué podemos esperar del resto de la comunidad? Si las instituciones educativas, que deberían ser espacios de protección, terminan siendo cómplices pasivas de detenciones arbitrarias, ¿qué confianza puede tener una familia en enviar a su hijo con discapacidad a la escuela?
Hoy más que nunca es momento de alzar la voz. No podemos permitir que estos hechos queden en la impunidad. No basta con comunicados oficiales ni con promesas de capacitación. Se requieren investigaciones serias, sanciones ejemplares y una revisión profunda de los protocolos de actuación. Se requiere reconocer que la violencia contra las personas con discapacidad existe y que no es menor.
Pero también, como sociedad, tenemos una tarea pendiente. La inclusión no se construye con discursos ni con efemérides. La inclusión se construye en la práctica diaria: en la paciencia para comprender, en la disposición para aprender y en la empatía para acompañar. No podemos seguir delegando todo al Estado; la cultura de la discapacidad empieza en cada familia, en cada aula, en cada espacio público.
Hoy, desde esta columna, quiero hacer un llamado urgente: que las autoridades investiguen y sancionen estos hechos, que la sociedad civil mantenga la presión y que las familias no tengan miedo de denunciar. Y, sobre todo, que entendamos que las personas con discapacidad no son ciudadanas y ciudadanos de segunda. Su dignidad, su libertad y su derecho a una vida libre de violencia valen tanto como los de cualquiera de nosotros.
Porque mientras sigamos normalizando la violencia, seguiremos negando la humanidad misma. Y ya es hora de decirlo fuerte y claro: en Aguascalientes, la discapacidad también tiene voz, y es momento de escucharla y respetarla.
