Pese al reconocimiento de los pueblos indígenas en el actual gobierno, la realidad cotidiana de las personas indígenas muestra un panorama mucho más complejo. Las comunidades indígenas siguen enfrentándose a profundas formas de violencia, desde lo estructural hasta un marco legal.
A ello se suman las persistentes condiciones de pobreza que limitan sus oportunidades de desarrollo y la ausencia de mecanismos efectivos que garanticen un acceso pleno y equitativo a la justicia. En esta etapa del gobierno que promueve reformas, iniciativas y discursos más incluyentes, estas estrategias pueden ser percibidos como instrumentos de control y nos hace preguntarnos: ¿Qué tan incluyente es en realidad el gobierno actual?
A medida que el gobierno de Claudia Sheinbaum avanza, más tiene el compromiso de darle continuidad al trabajo del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Bajo el lema: “primero los pobres, los más humildes, los olvidados, en especial los pueblos indígenas”, Claudia Sheinbaum busca priorizar pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.
A partir de este discurso, señaló que todos los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, tendrán un presupuesto para infraestructura social que irá aumentando año con año y que será ejercido de manera directa a través de sus asambleas. Asimismo, que daría continuación a la implementación de 17 planes de Justicia y Desarrollo Regional y que iniciará con otros 13 planes de Justicia en 11 entidades federativas. Con esa convicción, la actual presidenta incluyó entre sus 100 Compromisos el Reconocimiento a derechos y justicia a Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas.
¿Qué medidas se están implementando por los derechos de los pueblos indígenas?
De acuerdo a la presidenta Claudia Sheinbaum, actualmente se le está dando continuidad al programa Planes de Justicia y Desarrollo Regional para los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes, uno de los que más impacto social tiene ya que focalizan el presupuesto en una región indígena y son los propios pueblos quienes deciden cómo se invierten esos recursos. Resaltó que dentro de este Plan, se destaca el avance de la construcción de 13 caminos artesanales con una meta de 22.5 kilómetros con una inversión de $146 millones.
También señaló que otros programas se encuentran en primera etapa, como el Programa Apoyarte que funciona en beneficio a artesanas indígenas, en donde 5 mil 665 han sido pagadas con un monto de $169 mil en las comunidades amuzgas de Guerrero Y Oaxaca.
No se puede celebrar aún sin atender las carencias sociales que continúan en incremento
A pesar de los avances señalados por Sheinbaum en materia de reducción de la pobreza y la ampliación de oportunidades, aún persisten retos de gran magnitud.
Diversos analistas en México señalan que si bien disminuyó una carencia social, aumentaron más. Entre estas incluyen la falta de acceso a: la salud, seguridad social, rezago educativo y el resultado de la informalidad laboral. Estados como Chiapas, Oaxaca y Guerrero, en donde predominan comunidades indígenas, son las entidades con mayor rezago educativo y todas son gobernadas por Morena.
Estos mismos estados, como Chiapas y Oaxaca, concentran el 45% de la población indígena en reclusión a nivel nacional.
De acuerdo con los últimos datos de violaciones a los derechos indígenas, podemos ver reflejado en el “Cuaderno Mensual con datos estadísticos de la población penitenciaria en situación de vulnerabilidad 2022” que se registraron 7,542 personas privadas de libertad de origen indígena a nivel nacional. Sin embargo, no hay datos nuevos desde su publicación.
En muchos de estos casos, se registran violaciones procesales que no solo vulneran los derechos indígenas, sino que también refuerzan la violencia institucional que atraviesan las desde el momento de su detención.
De acuerdo con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), en 2018 documentó que la mayoría de las detenciones a personas indígenas fueron realizadas en un contexto de ilegalidad, lo que evidencia una serie de abusos y discriminación hacia este sector.
En el panorama actual, México es uno de los países que jurídicamente cuenta con un mayor número de instrumentos para brindar protección a las personas indígenas, así como el más dedicado a reconocer los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Sin embargo, la realidad todavía está lejos de corresponder con el discurso que tanto presumen.
