Emanuelle Sánchez Nájera impulsa una iniciativa para que padres respondan por menores infractores y se establezcan juzgados cívicos en todos los municipios
La ley facultaría a policías y al DIF para citar a padres y aplicar tamizajes a adolescentes que cometan faltas
El proyecto, ya socializado entre legisladores, podría aprobarse antes de finalizar el año en el Congreso local
La totalidad de los municipios de Aguascalientes contarían con juzgados cívicos, adelantó el diputado Emanuelle Sánchez Nájera, al informar que avanza de manera positiva su iniciativa para que los padres respondan por las conductas de menores infractores.
Recordó que este proyecto surge de la necesidad de atender casos como el ocurrido recientemente en el fraccionamiento Ojocaliente III, donde un grupo de jóvenes amedrentó a dos niñas: “Esta iniciativa habla de la responsabilidad de padres de menores infractores y bien nos podía haber servido con el caso que vimos en Ojocaliente III”, señaló.
Indicó que la propuesta ya fue socializada con la mayoría de los legisladores y ha recibido buena aceptación, aunque todavía se deberán afinar aspectos jurídicos. Su expectativa es que, durante el actual periodo ordinario, sea discutida y votada antes de que concluya el año.
El diputado explicó que la nueva ley otorgaría facultades a las policías municipales y al DIF para requerir a los padres de menores que cometan infracciones. Además, permitiría aplicar un tamizaje al adolescente para conocer si se trata de un hecho aislado o si existen problemas de fondo: “Esto lo he señalado como un método de crianza positivo, donde, además, voy más allá para saber si antes habían cometido una falta y prevenir desde antes”, expresó.
Sánchez Nájera subrayó que la finalidad es dotar de herramientas a las autoridades para diferenciar entre una simple broma y conductas que podrían escalar a situaciones más graves. Explicó que muchos padres deben salir a trabajar y no siempre tienen posibilidad de supervisar a sus hijos, por lo que el tamizaje permitiría identificar factores de riesgo.
El legislador agregó que, una vez diagnosticada la situación, se convocaría a los padres para dialogar y hacerles ver la problemática que enfrenta el menor. En este sentido, enfatizó la necesidad de que cada municipio construya sus propios juzgados cívicos, como ya ocurre en Aguascalientes y Jesús María; en caso de no contar con recursos, podrían apoyarse en el DIF estatal.
Finalmente, apuntó que existe un antecedente en Coahuila, donde la ley prevé sanciones para los padres que desatienden los llamados, lo que puede derivar incluso en responsabilidades penales.
