Una alivianadita

Después de todo el alboroto que dejaron los magistraditos (así con minúscula), al violar la Constitución y dejar en la presidencia a una magistrada que no obtuvo la mayoría de los votos en la elección -y que si en verdad se siguiera lo que mandata la ley, le tocaría ocupar la presidencia del Supremo Tribunal de Justicia hasta el 2033-, el solo hecho de ostentar el cargo como presidenta le da derecho a llevarse una lanita extra a diferencia de sus otros diez compañeros.

De acuerdo con el tabulador de sueldos 2025 del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes, publicado en el Portal Nacional de Transparencia, la Presidencia del Supremo Tribunal estará recibiendo un ingreso neto mensual de 126,179 pesos, mientras que sus demás compañeros percibirán 119,964 pesos. Pero esa alivianadita no es todo: cuando les toque, estarán recibiendo una prima vacacional de 40,625 pesos y un aguinaldo de 260,000 pesos.

Mientras los nuevos integrantes del Poder Judicial juegan a hacer y deshacer, nos informan que llegaron con todo a darle cuello a una decena de trabajadores que llevaban años laborando ahí. Dicen que ya suman unas 100 personas despedidas, la mayoría del área administrativa. Nadie de los afectados ha iniciado proceso jurídico por despido injustificado, aunque se sospecha que esta liberación de espacios es para acomodar compromisos políticos y asegurar el control judicial local. Así, los cotitos de poder del blanquiazul utilizan los puestos como moneda de negociación y presión ante las elecciones internas y el 2027 que ya se acerca. Oficialmente se ha politizado el Poder Judicial y con ello -como pasa en lo nacional- la impartición de justicia, poniendo en riesgo la imparcialidad. ¿Será que pronto inicien desde la “justicia” una cacería de brujas política y gubernamental?

Carecen de facultades (y de sentido común)

A través de un comunicado público, el Observatorio Judicial del Estado de Aguascalientes manifestó su inconformidad y la falta de legalidad en la cual los magistraditos designaron la presidencia del Supremo Tribunal. El Observatorio explica que el pleno del tribunal carece de facultades para hacer esa designación y denuncia la opacidad del proceso.

También revelaron que cuatro magistrados declinaron aceptar el puesto de la presidencia (ojalá hubieran declinado también aceptar su cargo). Además, se señaló que la magistrada que obtuvo el segundo lugar en votos manifestó tener conflicto de interés, pues es esposa del secretario particular de la gobernadora. Ese conflicto debió declararse desde que presentó su intención de postularse, pero casi ninguna de las personas juzgadoras cumplió con la famosa 3 de 3. En pocas palabras, el Observatorio calificó esta violación constitucional como un desprecio a la voluntad ciudadana al no respetar el orden legal de la presidencia.

¿Tomarán cartas en el asunto?

Esta decisión sobre la presidencia del Supremo Tribunal de Justicia supone la primera prueba de fuego para el Tribunal de Disciplina Judicial, que por mandato constitucional tiene atribuciones para investigar y, en su caso, sancionar a los servidores públicos del Poder Judicial, incluidos los magistrados.

Ya se observan posibles faltas administrativas:

•       Una no grave, por incumplimiento de funciones al declinar cuatro magistrados ocupar la presidencia.
•       Y una grave, por abuso de funciones, al ejercer atribuciones que no les correspondían.

Así, el Tribunal de Disciplina Judicial ya tiene su primer asunto que investigar. La pregunta es si actuará bajo estas hipótesis o dejará que el tema se enfríe mediáticamente. Por lo pronto, ninguna de las personas juzgadoras se ha manifestado, aunque la situación ya fue nota nacional, difundida por diversos medios de comunicación.

Espaldarazo

Daniel Gutiérrez Ruvalcaba, fiscal especializado en Delitos Electorales, salió a respaldar el nombramiento de la actual presidenta del Supremo Tribunal, diciendo que los comentarios sobre su parentesco familiar pueden constituir violencia de género. Llamó a reconocer su trayectoria profesional y experiencia, asegurando que ella sí quiso asumir la presidencia, a diferencia de sus cuatro compañeros que declinaron.

Un avance esperanzador

Un juez federal concedió una suspensión definitiva que protege a 1,078 pacientes con insuficiencia renal en Aguascalientes: a partir del 28 de agosto, esas personas seguirán en las clínicas privadas donde reciben hemodiálisis y no podrán ser trasladadas a la unidad del IMSS en construcción.

La medida, resultado de un amparo colectivo, no es un simple trámite procesal: es una protección cautelar vigente hasta que se resuelva el juicio principal, que podría prolongarse alrededor de un año.

El caso involucra al prestador CREAMEDIC y revela fallas en la licitación y supervisión de servicios de salud. La victoria jurídica celebra la defensa de los pacientes pero también exhibe tensiones políticas y administrativas: familias satisfechas, instituciones bajo sospecha.

Más allá del fallo, el caso obliga a reflexionar: ¿se priorizan los procesos administrativos y el ahorro sobre la calidad médica y la continuidad de tratamientos? Las respuestas no son solo legales: son políticas, técnicas y éticas.

Poquito a poquito, pero ahí va gallito

De día y de noche se le ha visto trabajando con delegados municipales, entregando apoyos de la Congregación María Trinitaria. Poco a poco, el funcionario “gallito” arma futuro y coordinación con las delegaciones, haciendo equipo con regidores y funcionarios municipales.

Sin mucho ruido ni levantar la mano para un puesto, decidió seguir el consejo de la panista número uno en la entidad: “es momento de trabajar”. Se le ha visto atendiendo temas de baches, poda de árboles y procedimientos administrativos, porque el municipio siempre es el primer contacto social y político.

Destituida

Se hizo oficial la destitución de la directora del Cereso femenil, Samantha Ruíz Esparza Durón. La salida se da tras denuncias del Observatorio de Violencia Social y de Género, que reveló un cobro de 50 mil pesos a una persona privada de la libertad para gestionar un traslado a San Luis Potosí.

También se le acusó de violar derechos humanos, por lo que la Secretaría de Seguridad Pública no dudó en destituirla. Incluso se analiza la destitución del coordinador médico del Cereso femenil.