¿Vacío o vicio legal?
La persona designada como presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, María José Ocampo Vázquez, defendió su tan cuestionado nombramiento al frente del Poder Judicial. Esto sucedió durante una entrevista para un canal de televisión, en la cual aseguró que nadie está violando la ley, pues existe un “vacío legal”: según ella, la norma no contempla los supuestos en caso de que alguna de las personas magistradas no quiera ocupar la presidencia de dicho poder.
Sin embargo, recordemos que como representantes populares y máximos funcionarios del Poder Judicial, no pueden actuar libremente mientras no transgredan la ley, sino que deben conducirse conforme lo que la misma mandata. También afirmó que es facultad (no escrita) de la persona que obtuvo el mayor número de votos, y que no quiso asumir el cargo, designar el género de quien ocuparía la presidencia. Lo cual es completamente falso.
Que haya deficiencias legales y aspectos cuestionables es cierto, pero atribuirse facultades que la norma no especifica no significa actuar dentro del estado de derecho. La persona más votada tiene una sola atribución: ocupar la presidencia del Supremo Tribunal, cargo que se interpreta como irrenunciable, pues no existen supuestos legales para declinarlo. Tanto la Constitución federal como la local son claras: quien tenga la mayor votación, preside. No hace falta ser jurista para aplicar el principio de interpretatio iuris.
Si no están dispuestos a aceptar la voluntad popular, tan fácil que es renunciar. Además, quienes supuestamente declinaron ocupar la presidencia, bajo esa lógica, tampoco lo harán en los siguientes años cuando toque el cambio de mando. Entonces, ¿para qué querían ser magistrados? ¿Para alivianarse con el sueldazo y las prestaciones? ¿Alguien los puso ahí sin su consentimiento? ¿Para alcanzar la utopía de justicia? Preguntas que cada persona juzgadora debe hacerse. No llevan ni dos semanas en el cargo y con esta gran omisión echaron por la borda sus propuestas de campaña.
Es lamentable que el Poder Judicial local haya sido más nota nacional que la integración de la SCJN, por la forma en que se violentó el principio de representatividad. Aquí ya no se critica su simpatía con el PAN (que sí existe en la mayoría), ni sus nexos con gobiernos panistas estatal y municipal, ni que aparecieron en un acordeón difundido por funcionarios, ni su cercanía con cotitos de poder blanquiazules, ni el fracaso de los comités de evaluación. Lo verdaderamente grave fue atribuirse facultades que no les corresponden para designar la presidencia.
Si se atrevieron a hacerlo, ¿qué garantía queda de que en las decisiones trascendentales para la impartición de justicia no volverán a actuar de la misma manera? No es exageración: simplemente no hay elementos para confiar en el Poder Judicial local y mucho menos en el federal, ambos viciados desde su origen. Todos los niveles de gobierno aprovecharon el “2×1 de la división de poderes”: poner dos poderes en uno solo. Como lo hemos reiterado en este espacio, las nuevas personas juzgadoras tenían una tarea básica: legitimarse. No lo hicieron. Si la 4T a nivel federal acabó con el Poder Judicial, los nuevos magistrados locales, metafóricamente, pusieron el último clavo en su ataúd.
El vacío es el mismo poder
Hablando de vacíos y traiciones, quien también se voló -más bien, violó la ley– fue la presidenta municipal de San José de Gracia. Y claro, si los magistrados son los primeros en torcer la ley, ¿por qué los alcaldes no lo harían también? La alcaldesa Laura Araceli González Reyes fue acusada de contratar a su hermano como coordinador de gabinete, lo que constituye un claro acto de nepotismo. Hasta el momento, la presidenta municipal no ha dado declaraciones. Corresponde a la autoridad competente investigar.
Cochinero por doquier
El vocero de Morena en la Cámara de Diputados, Arturo Ávila, dijo que en lo local se hizo un cochinero en el Poder Judicial, al llenarlo de panistas, pero parece olvidar que el cochinero local es apenas la salpicadura de lodo que vino de una reforma federal mal planteada. ¿Ya se le olvidó al legislador federal el circo del Senado con las tómbolas para definir cargos de magistraturas federales? Ese día, la cámara “alta” se convirtió en tómbola estilo Chabelo, Melate o Lotería. Llámelo como quiera, pero ni guindas ni azules tienen cara para criticar al Poder Judicial, federal o local. Mejor que sigan con sus acuerdos y negociaciones personales, porque eso de jugar a que son oposición, en Aguascalientes o a nivel nacional, ya nadie se los cree.
Impuesto gamer
Trascendió que en el nuevo paquete fiscal que el Gobierno federal envió al Congreso de la Unión se contemplan incrementos en bebidas azucaradas, cigarros y refrescos. Pero lo novedoso es un “impuesto gamer”: un 8% adicional a los videojuegos violentos en el país. Como si con eso fuera a reducirse la violencia. ¿Qué sigue? ¿Un impuesto por cada narcomanta que se coloque o por cada fosa clandestina descubierta? Gravar estos juegos bajo ese argumento es endeble y solo evidencia una estrategia de seguridad fallida, que no da resultados por más que la ajusten.
No es secreto que la estrategia de seguridad en México ha fracasado por múltiples factores, entre ellos, funcionarios coludidos con el crimen organizado. Esa información la tienen los Estados Unidos, con una larga lista de políticos investigados. Y esa lista es un verdadero chile de todos los moles: hay de todos los colores, sabores e ideologías.
