- Eloy Morales Brand advirtió que la reforma a la Ley de Amparo recorta derechos ciudadanos y fortalece a las autoridades
- Señaló que se restringe la figura del interés legítimo, limitando la participación de colectivos como los que defienden La Pona
- La nueva regulación otorgará mayor discrecionalidad a los jueces federales para decidir sobre suspensiones, debilitando la protección ciudadana
La reforma a la Ley de Amparo afectará directamente a la ciudadanía, al limitar derechos y garantías que antes protegían frente a posibles abusos de autoridad, advirtió Eloy Morales Brand, catedrático e investigador especialista en Derecho de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA).
En entrevista para LJA.MX, explicó que el juicio de amparo es un mecanismo con el que las personas pueden defenderse de actos indebidos o autoritarios cometidos por las autoridades en contra de sus derechos: “Es la última instancia que tenemos prácticamente después de agotar todos los medios legales y por eso es de tanta importancia”.
En este sentido, el catedrático recordó que en una reforma previa se había logrado un avance importante con la figura del interés legítimo, la cual permitía que una persona o grupo pudiera solicitar un amparo sin necesidad de haber sido afectado directamente: “Esto es que no era necesario que te afectara directamente algún acto, incluso un derecho, para solicitar un amparo; incluso, que pudiera afectar no solo a alguien en particular sino a un grupo de más personas, y podías ir al amparo para solicitar la protección, y esto es algo que va para atrás”, explicó.
Por otro lado, Eloy Morales Brand precisó que con la nueva reforma se busca que, para acceder al amparo por interés legítimo, sea obligatorio demostrar una afectación directa a una persona: “Ejemplo de ello lo que ocurre en La Pona, donde los colectivos no podrán hacerlo y solo los que son dueños de La Pona, pero pues ellos nunca se irían al amparo, por lo que está hecho para proteger a las autoridades y no al ciudadano”, comentó.
Morales Brand también señaló que el tema de la suspensión del amparo es otro punto preocupante: “Cuando alguien promueve un amparo, lo primero que hace el juzgado federal es analizar si otorga la suspensión, que es como una orden de protección, que se proporciona para que no afecte a la persona hasta que no se resuelva el juicio completo”, explicó.
Sin embargo, Eloy Morales Brand advirtió que la reforma impone más requisitos para obtener esa protección, ya que el juez federal tendrá mayor discrecionalidad: “Con esto se deja al arbitrio de la autoridad federal decidir si o no te suspenden la ejecución del acto”, y ejemplificó estos hechos con los casos relacionados con las vacunas o medicamentos, en los que las personas podían solicitar una suspensión para garantizar su derecho mientras se resolvía el juicio: “Pero en este caso, ahora el juez tendrá que decidir”, señaló.
El catedrático destacó que este cambio elimina uno de los pocos mecanismos que servían para presionar a las autoridades cuando no querían cumplir: “El fondo real de la reforma es limitar el poder del ciudadano a proteger sus derechos, porque se le limita el acceso, también a la medida de restricción temporal para que no se le afecte durante el proceso y, finalmente, si se llega a ganar un amparo y la autoridad no quiere cumplir, serán más grandes las posibilidades de que se le perdone a la autoridad y no cumpla, y el ciudadano se quede con su afectación”, concluyó.
