En México, no todas las mujeres adolescentes tienen derecho a decidir sobre sus propios cuerpos. A pesar de que la falta de servicios de salud reproductiva, el acceso limitado a la información y la baja escolaridad aumentan la probabilidad de embarazos adolescentes, aún no se emplean suficientes medidas para contrarrestar esta problemática que va en aumento.
El embarazo adolescente es un fenómeno marcado por diversos factores sociales que requiere la implementación de políticas públicas, campañas y educación sexual efectivas e integrales, que sean dirigidas para promover el acceso a métodos anticonceptivos, para prevenir la violencia sexual y garantizar el acceso a la interrupción legal del embarazo. En México se estima que cada año ocurren alrededor de 390 mil nacimientos en mujeres menores de 19 años, lo que significa que hay más de 1,000 nacimientos diarios. La mayoría de estos embarazos ocurre sin planificación, con un acceso limitado a la información y a servicios de salud sexual, por lo que hay una tendencia en que las cifras de embarazo adolescente se de en mayor cantidad en zonas rurales, principalmente en comunidades indígenas.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la tasa específica de fecundidad en las adolescentes es de alrededor de 45.2% de nacimientos de mujeres de 15 a 19 años, mientras que las adolescentes pertenecientes a comunidades indígenas son alrededor de 90.3%, representando el doble. La proporción de nacimientos en madres adolescentes resulta considerablemente mayor en estas comunidades indígenas, principalmente en entidades como Chiapas, Guerrero, Chihuahua y Oaxaca.
Mira aquí la tabla de nacimientos por estado
En contraste, las entidades que registran las tasas más bajas son Ciudad de México, Baja California, Nuevo León y Quintana Roo, que son justamente las entidades en donde hay mayor cobertura de métodos anticonceptivos y mayor acceso a servicios de salud sexual y reproductiva.
Según datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID 2023) muestran que ha habido un aumento en el uso de métodos anticonceptivos y en el acceso y uso de estos métodos en mujeres mexicanas, pero también evidencian desafíos persistentes en la población adolescente: señalan que la edad promedio de inicio de vida sexual en mujeres es de 18 años, sin embargo, solo el 60.2% de las adolescentes reporta utilizar algún método anticonceptivo.
A pesar de que México ha alcanzado un 93.2% de cobertura en acceso y financiamiento de métodos anticonceptivos, de acuerdo al Atlas de Políticas Públicas de Anticoncepción en América Latina y el Caribe 2025, la implementación enfrenta retos en grupos específicos como adolescentes, mujeres indígenas y comunidades rurales. Estas desigualdades evidencian que las políticas nacionales deben ajustarse a las realidades locales y garantizar un acceso equitativo de métodos anticonceptivos para todas las poblaciones.
El embarazo adolescente, un desafío pendiente que persiste en México
A pesar de que México se ha posicionado como líder en políticas públicas de anticoncepción que han sido reconocidas a nivel internacional, aún encabeza la lista de embarazos adolescentes en toda América Latina. Porque, a pesar de la promoción de uso de métodos anticonceptivos, aún persiste una normalización de violencia sexual en casi todas las regiones del país.
En un contexto donde la salud sexual y reproductiva son un derecho humano fundamental, México no ha implementado suficientes medidas para eliminar las brechas en poblaciones vulnerables. Estas son algunas medidas que deben implementarse de manera efectiva:
- El fortalecimiento de educación sexual integral
- La disponibilidad de insumos anticonceptivos que garanticen cobertura continua en todas las regiones, en especial en zonas rurales
- Capacitación del personal médico, así como la promoción de medicina tradicional
- Trabajo conjunto entre autoridades, organizaciones y sector privado
Se necesita un compromiso verdadero por parte de las instituciones y autoridades para enfrentar de manera efectiva los desafíos que presentan los adolescentes y las comunidades indígenas: desde la baja cobertura en temas de salud sexual y reproductiva, la brecha entre zonas rurales y urbanas, así como la falta de perspectiva de género al tocar esta problemática. Sin voluntad política, inversión pública y un enfoque con perspectiva de derechos humanos, las cifras seguirán reflejando una realidad preocupante que compromete el bienestar, la autonomía y el futuro de adolescentes en el país.
