- Fiscalía obtiene vinculación a proceso contra notario acusado de fraude en operaciones inmobiliarias
- El imputado habría incumplido obligaciones notariales, causando perjuicio patrimonial a las víctimas
- Se impusieron medidas cautelares y continúa el proceso judicial correspondiente
La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, a través del agente del Ministerio Público, obtuvo del Juez de Control el auto de vinculación a proceso en contra de Javier “N”, quien se desempeñaba como Notario Público número 11, por su probable responsabilidad en el delito de fraude.
De acuerdo con la carpeta de investigación, el imputado habría dado fe de la adquisición de dos inmuebles sin cumplir con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley del Notariado, al no verificar la personalidad jurídica de las partes intervinientes ni solicitar el certificado de gravamen de los bienes ante el Registro Público de la Propiedad, requisito indispensable antes de la protocolización de cualquier escritura.
Asimismo, se presume que el señalado cobró los honorarios correspondientes por dichas escrituras, las cuales no pudieron ser inscritas debido a que los inmuebles contaban con un gravamen a favor del Infonavit, lo que provocó un daño patrimonial a las víctimas. A ello se suma que la persona que se presentó como representante de los propietarios carecía del poder legal necesario, por lo que los actos jurídicos carecen de validez.
Derivado de la denuncia presentada por los afectados, la Fiscalía General del Estado inició las investigaciones y, tras reunir los elementos de prueba suficientes, solicitó la audiencia inicial ante el Juez de Control. Tras la valoración de los datos presentados, se determinó vincular a proceso a Javier “N” por el delito de fraude, imponiendo como medidas cautelares la presentación bimestral ante la autoridad y la prohibición de salir del país sin autorización judicial.
Con estas acciones, la Fiscalía General del Estado reitera su compromiso de procurar justicia, actuar con firmeza ante cualquier acto contrario a la ley y garantizar que los responsables de delitos que afecten la confianza pública y el patrimonio ciudadano enfrenten las consecuencias legales correspondientes.
