Esos aparatos pueden usarse para lavar dinero, fomentar narcomenudeo y enganchar a jóvenes al consumo de drogas.
Aunque hay vacíos legales que dificultan su decomiso, el municipio capital autorizó a verificadores para denunciarlas.
Autoridades buscan tipificar penalmente la posesión de estas máquinas y llevar los casos al ámbito federal.
Las máquinas tragamonedas representan un riesgo para la seguridad pública, pues además de fomentar actividades ilícitas, pueden utilizarse para el lavado de dinero y el financiamiento de delitos. Por ello, su posesión se considera un delito, aunque su decomiso enfrenta obstáculos por vacíos legales que impiden actuar con eficacia.
En un esfuerzo por reforzar las acciones contra este problema, el municipio capital aprobó recientemente que los verificadores puedan denunciar la presencia de estos dispositivos ilegales en establecimientos comerciales.
Al respecto, el fiscal del estado, Manuel Alonso García, destacó la necesidad de crear una figura penal específica, similar a la que se plantea para combatir los préstamos conocidos como gota a gota. “Es como lo que he comentado con el gota a gota, que se tiene que manejar como un delito de usura, pues hay una obligatoriedad de alto rendimiento y la forma de cobrar. Ese es un tema de logística criminal y es un término que yo utilizo mucho: combatir esta logística”, puntualizó.
Explicó que la estrategia de seguridad actual se enfoca en atacar esa “logística criminal”, es decir, todos los elementos que permiten la comisión de delitos o generan violencia. “Tenemos que ir cerrándole el paso y las opciones a esos esquemas, desde cómo obtienen las armas, los vehículos, hasta cómo organizan su operación”, detalló.
En el caso específico de las máquinas tragamonedas, señaló que éstas violan la Ley General de Juegos y Sorteos, un tema de competencia federal que presenta múltiples vacíos jurídicos. Por ello, ha sido abordado en espacios como la Mesa Estatal de Seguridad y Justicia y en la Mesa de Construcción de la Paz.
Además del riesgo financiero, el fiscal advirtió que estos aparatos están vinculados a delitos como el narcomenudeo y funcionan como herramienta para enganchar a jóvenes en el consumo o venta de drogas. “Muchas de estas personas el dinero con el que están jugando se lo robaron al papá o a la mamá, y realmente es un círculo vicioso”, comentó.
Alonso García recalcó que no existen permisos legales que autoricen su operación. “Si se trata de una tienda de abarrotes, su permiso es para vender abarrotes y no para tener este tipo de máquinas. Se está atendiendo desde el ámbito administrativo, pero no se puede sancionar desde el penal. Sin embargo, una vez que se hace la advertencia y no se acata, la Guardia Nacional las está poniendo a disposición de la Fiscalía General de la República”, explicó.
Aunque el marco legal aún presenta vacíos, se trabaja para establecer mecanismos que permitan decomisar más máquinas en los próximos días y sancionar a quienes las instalen. “A diferencia de las maquinitas, estas deben estar reguladas por la ley federal de apuestas y sorteos, y al no estarlo, se puede proceder en el ámbito penal federal contra quien sea sorprendido con ellas”, concluyó.
