- México tiene una disyuntiva. Puede seguir pagando más que nadie por medicinas, dejando fuera a la mayor parte de su población, o bien decidir que la innovación debe ir acompañada de acceso
En México el gasto por medicamentos bajo patente supera al de cualquier otro país latinoamericano; no se trata de escasez de recursos, sino de la ausencia de una decisión política firme. El Estado mantiene una defensa casi inflexible de las patentes, pero deja que el mercado determine los precios. De ese modo nacen monopolios poderosos, pacientes marginados, hospitales públicos cada vez más vulnerables y precios en farmacias privadas hasta donde la imaginación de las farmacéuticas lo permita.
Esta inacción contrasta marcadamente con la práctica en Europa, India y varios países de la región. La lección es clara: regular no elimina la innovación; regular, en cambio, salva vidas. En los países nórdicos la regulación resulta aún más estricta. Noruega exige que los precios de los medicamentos de primera línea no superen la media de los tres países europeos más baratos. Suecia sólo reembolsa aquellos fármacos cuya eficacia esté comprobada y cuyo coste resulte razonable. Dinamarca y Finlandia revisan anualmente los precios con referencia internacional.
Estas medidas protegen tanto a los pacientes como a los sistemas de salud de posibles abusos. India tomó un rumbo distinto. Aprovechó las flexibilidades del tratado TRIPS y puso en práctica licencias obligatorias. El sorafenib sirve como evidencia: se trata de un fármaco anticancerígeno cuyo costo se desplomó más de 90% al autorizarse la producción local de genéricos (Abbott, 2020). Lejos de cerrarse, el país se transformó en la farmacia del mundo en desarrollo. Exporta tratamientos a bajo costo para África y América Latina.
En América Latina también aparecen ejemplos útiles. En Colombia se establecieron topes de precios después de una ola de litigios ciudadanos que demandaban acceso a medicamentos esenciales. Brasil dio origen a la CMED, la entidad que regula precios y negocia compras centralizadas, y con esa herramienta obtuvo rebajas de hasta 70% en antivirales contra la hepatitis C. Argentina, pese a la crisis, acordó congelamientos temporales de precios con la industria farmacéutica para frenar la inflación de los fármacos. Lo que revelan estas experiencias es que el discurso que la industria repite incansablemente -que sin precios altísimos no habría innovación- está lejos de la realidad. Europa sigue a la cabeza en biológicos, terapias génicas y fármacos huérfanos, pero lo hace con precios contenidos.
Por otro lado, India abastece al planeta con genéricos y, al mismo tiempo, mantiene su investigación en marcha. Brasil y Colombia pueden acceder a medicamentos pioneros sin asumir los costos desorbitados que sí pesan sobre México. La regulación no obstaculiza la innovación; más bien la impulsa a orientarse al beneficio de la sociedad. México, por su parte, parece haberse quedado en la indecisión. Su marco normativo abraza las patentes como un dogma, pero carece de autoridad para fijar precios, no lleva a cabo negociaciones colectivas, omite las licencias obligatorias y prescinde de referencias internacionales.
Como consecuencia, el mercado queda concentrado en unas escasas cadenas, los precios de patente se sitúan entre los más altos del planeta y el gasto de bolsillo de los pacientes roza el 40% del total de la inversión en salud.
El panorama se traduce en pacientes que abandonan sus tratamientos, familias que se endeudan y hospitales que gastan más mientras ofrecen menos atención.
Primero, la idea es crear una Autoridad Nacional de Precios de Medicamentos, independiente de verdad y con músculo para actuar. Al estilo de Alemania y el Reino Unido, esa entidad tendría que analizar cada nuevo fármaco bajo patente antes de autorizar su precio. Si el medicamento no aporta ventajas reales frente a las alternativas, su costo se alinearía al de esas opciones.
Cuando sí ofrece mejoras claras, se negociaría un precio justo mediante contratos públicos y sin cláusulas de confidencialidad. En segundo lugar, emplear precios de referencia internacionales. Noruega y Dinamarca lo hacen con éxito. México podría compararse con los países que pagan menos y fijar sus precios máximos a partir de esos promedios. Tercero, consolidar y robustecer las compras públicas.
La experiencia de Brasil evidencia que al negociar en bloque los precios disminuyen notablemente. México, al consolidarse como la segunda economía regional, podría aprovechar su peso para lograr descuentos sustanciales en medicamentos estratégicos. Quinto, asegurar una transparencia absoluta en los procesos de contratación y adquisición. En Europa y en los países nórdicos, los precios y los criterios de evaluación son de dominio público. En México, la falta de claridad sigue siendo la norma.
La transparencia es una condición indispensable para restablecer la confianza y evitar la corrupción. Estas disposiciones no pretenden romper la relación con la industria, sino impulsar negociaciones bajo condiciones más equitativas. La industria seguirá operando en México, pues el país constituye un mercado amplio y rentable. Lo que sí cambiará es que los pacientes paguen precios razonables y los hospitales públicos puedan ampliar su cobertura, en lugar de destinar gran parte de su presupuesto a sobreprecios.
En México el conflicto no es tanto técnico, sino político. ¿Continuaremos resguardando sólo la propiedad privada o, por fin, defenderemos de manera auténtica el derecho a la salud? La Constitución, en su artículo 4, reconoce a la salud como un derecho; el artículo 1 obliga al Estado a garantizarlo bajo el principio propersona. Sin una regulación concreta, esos mandatos quedan como mera letra muerta.
Europa ya marcó la senda combinando precios regulados con acceso universal y una innovación que se mantiene sostenida en el tiempo. La experiencia india demostró, por otro lado, que las licencias obligatorias pueden ser una herramienta funcional.
En el contexto latinoamericano, Brasil y Colombia evidenciaron la viabilidad de negociaciones exitosas. México, entonces, cuenta con la posibilidad de asimilar esas lecciones y concebir un modelo propio que responda a sus propias necesidades.
México tiene una disyuntiva. Puede seguir pagando más que nadie, dejando fuera a la mayor parte de su población, o bien decidir que la innovación debe ir acompañada de acceso. No se trata de una cuestión meramente económica; es política y, ante todo, ética. Porque lo que está en juego no es un simple negocio, sino la vida misma -y un país que renuncia a protegerla abdica de su propio futuro-.
