- La reforma a ese estatuto transfiere derechos de los ciudadanos al Estado y limita suspensiones provisionales
- Amparos colectivos tendrán mayores requisitos, dificultando la defensa de intereses colectivos
- Paulo Martínez advierte que MIPyMES y ciudadanos podrían quedar vulnerables ante sanciones y auditorías
En el Congreso de la Unión, el diputado Paulo Martínez alertó sobre los cambios que se discuten en la Ley de Amparo, los cuales podrían reducir los derechos de los ciudadanos frente a las autoridades. Martínez explicó que la reforma actualiza la normativa para transferir beneficios previamente otorgados a los individuos hacia el Estado, lo que podría tener un impacto directo en personas y empresas, principalmente en micro, pequeñas y medianas empresas (MIPyMES).
El legislador señaló que, bajo el esquema vigente, la Ley de Amparo permite a los ciudadanos solicitar la suspensión provisional cuando se enfrentan a medidas de autoridad, como detenciones o sanciones fiscales. Sin embargo, con las modificaciones, esta suspensión desaparecería, obligando al contribuyente a cumplir de inmediato con multas o pagos antes de que se resuelva el juicio, limitando de manera significativa la defensa legal.
Martínez también destacó los cambios en los amparos colectivos: “A las organizaciones que buscan proteger intereses colectivos se les impondrán mayores requisitos para poder actuar. Hoy en día están vulnerando esta Ley de Amparo para los ciudadanos”, señaló. Además, insistió en que la reforma actual prioriza la protección del Estado y tiene fines recaudatorios, afectando principalmente a las MIPyMES, responsables de más del 80% del empleo y la economía del país.
Respecto a la retroactividad de la reforma, Martínez indicó que ha desaparecido, aunque alertó sobre la posibilidad de que sea reinstaurada en etapas posteriores de discusión. Asimismo, enfatizó que la reforma del Poder Judicial y la limitación de derechos procesales podrían generar un contexto en el que los jueces, con tintes políticos, tengan mayor control sobre las suspensiones provisionales y los amparos colectivos.
El diputado hizo un llamado a la ciudadanía para mantenerse informada sobre los cambios y los riesgos que representan: “Lo interesante sería que hicieran una Ley de Amparo que beneficie y proteja a todos los ciudadanos. Actualmente, quedan más vulnerables ante cualquier circunstancia de este tipo”, expresó.
La propuesta ya fue aprobada en el Senado de la República y ahora se encuentra en la Cámara de Diputados, donde se prevé su discusión y eventual aprobación en los próximos días. Paulo Martínez aseguró que es fundamental seguir de cerca el proceso legislativo para garantizar que los derechos de los ciudadanos no sean restringidos ni comprometidos frente al Estado.
Con esta reforma, el debate sobre la Ley de Amparo vuelve a colocar en el centro la defensa de los derechos individuales y colectivos frente a la autoridad, así como la necesidad de una legislación que verdaderamente proteja a la población sin comprometer la equidad ni la justicia.
