La alcaldesa Margarita Gallegos Soto señaló que La Ribera sigue siendo un punto rojo debido a la presencia de paracaidistas y casas abandonadas, lo que ha incrementado la inseguridad
Explicó que hay familias con hasta 30 años sin pagar agua potable, aunque aclaró que también hay habitantes cumplidos y que el fraccionamiento supera los 23 mil residentes
La edil consideró que La Ribera podría ser otro municipio por su tamaño poblacional, pero pidió más presupuesto y apoyo en seguridad para atender la problemática
La presidenta municipal de San Francisco de los Romo, Margarita Gallegos Soto, reconoció que el fraccionamiento La Ribera continúa siendo un punto rojo en materia de seguridad, debido al hacinamiento, la ocupación ilegal de viviendas y la presencia de personas provenientes de otros estados.
“Son personas que en su mayoría no son nativas del estado, sino que vienen de distintas entidades y se cambian constantemente de una vivienda a otra”, explicó. La alcaldesa detalló que esta situación ha generado problemas de inseguridad y falta de pago de servicios básicos, como el agua potable. “Hay familias con hasta 30 años sin pagar el agua, aunque también hay casos similares en otros fraccionamientos como Paseos, Urbi o Ex Viñedos Guadalupe”, puntualizó.
Al ser cuestionada sobre la posibilidad de que La Ribera se convierta en un municipio independiente, Gallegos Soto consideró que por población podría ser viable, aunque en extensión territorial no está claro. “Sería buena opción, porque permitiría dar mejor atención a la gente”, dijo.
La alcaldesa aclaró que no todos los habitantes son morosos y destacó que el fraccionamiento cuenta con más de 23 mil residentes, lo que representa un reto importante en la prestación de servicios y en materia de seguridad.
Explicó que el principal problema radica en las casas vacías ocupadas por paracaidistas, lo que fomenta la delincuencia y dificulta los programas sociales implementados por el municipio. “Hemos trabajado con proyectos como La mano con La Ribera, donde participan papás, niños y gobierno, pero lo ideal sería contar con más presupuesto”, subrayó.
Gallegos Soto recordó que hace dos años se realizó un operativo conjunto con la Sedena, el organismo de agua y la Comisión Federal de Electricidad para desalojar viviendas ocupadas ilegalmente, aunque el problema persiste. “Salen de una casa para meterse en otra; por eso sería bueno tapear las viviendas”, comentó.
La alcaldesa mencionó que incluso un intento por levantar un censo en la zona fue impedido por los propios vecinos, quienes reaccionaron de forma hostil. Finalmente, advirtió que muchos de los ocupantes no cuentan con empleos formales, lo que convierte a La Ribera en un foco rojo que requiere mayor atención y recursos para su recuperación.
