- El diputado federal advierte que los apoyos al campo se han reducido drásticamente.
- Denuncia la colusión entre gobierno e industria para mantener bajos los precios del maíz.
- Señala riesgos también para el sector lechero y ganadero ante reformas hidráulicas.
El diputado federal Paulo Martínez López advirtió que la falta de políticas públicas efectivas y la reducción de apoyos federales están agravando la situación del campo mexicano. Señaló que, durante el actual sexenio, los productores han enfrentado recortes presupuestales, desaparición de programas y precios injustos en sus cosechas, lo que ha derivado en una crisis alimentaria que afecta directamente a las familias rurales.
El legislador explicó que el principal conflicto de la semana se centró en los precios de garantía del maíz blanco, producto básico en la dieta nacional. Recordó que la industria compraba la tonelada en seis mil pesos, aunque el precio base debía alcanzar los siete mil 200 pesos. Los agricultores solicitaban un apoyo gubernamental de entre mil y mil 200 pesos para equilibrar el costo, sin embargo, solo recibieron 900 pesos adicionales y, en respuesta, la industria redujo el precio a cinco mil 200.
“Así no hay beneficio real para el productor; se trabaja todo el año y apenas se sobrevive”, lamentó Martínez, al destacar que los campesinos de Michoacán, Jalisco y Guanajuato son algunos de los más afectados.
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El diputado explicó que cada productor tiene un límite de 200 toneladas para recibir el apoyo, lo que restringe aún más los ingresos. Además, detalló que en una hectárea pueden obtenerse entre cinco y diez toneladas de maíz, “resultado de meses de esfuerzo, maquinaria, herramientas y gasto constante”.
Martínez López criticó que la industria harinera compre el maíz a bajo costo y venda sus productos a precios elevados. “Compran a cinco pesos el kilo y venden la harina hasta en 22; el que se lleva la friega es el campesino”, señaló. Agregó que el gobierno se ha mostrado complaciente con las grandes empresas del ramo, “poniendo el pie en el cuello del agricultor”.
Advirtió que en la próxima discusión del presupuesto federal no se contempla una bolsa emergente para el sector campesino, lo que anticipa nuevas protestas. “En los tiempos de Calderón la tonelada de maíz se pagaba hasta en ocho mil pesos. Hoy no hay seguros de catástrofes, ni financiamientos, ni la Financiera Rural. Todo eso desapareció”, apuntó.
El representante federal también alertó sobre un panorama crítico para el sector lechero y ganadero, debido a que Liconsa ha comenzado a limitar la recepción de leche por falta de recursos. Asimismo, expresó su preocupación por una posible reforma a la Ley de Aguas Nacionales, que podría restringir el uso de pozos agrícolas.
“Si un productor fallece, su concesión de agua regresaría a Conagua, dejando a las familias sin posibilidad de trabajar la tierra”, explicó. Con ello -dijo-, el gobierno federal “está apretando, ahorcando y limitando a todos los sectores del campo mexicano”.
