Por consumarse
Está por consumarse en el Senado de la República el último clavo al ataúd de la impartición de justicia en México. Es cuestión de horas para que el oficialismo desde la Cámara Alta vote la Ley de Amparo promovida por la presidenta Sheinbaum, concebida intelectualmente por el exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar. Aunque el oficialismo ha defendido a capa y espada esta reforma, solo se limita a verdades a medias, pues lo que verdaderamente está detrás de esta propuesta es, en primer lugar, salvar a los funcionarios del gobierno federal que no han acatado las resoluciones de amparo. Con el solo hecho de que se declaren incompetentes materialmente (y que quizá sí lo sean, mentalmente) para acatar las resoluciones del amparo resuelto, es suficiente para que no puedan ser sancionados penalmente por no atender lo que la SCJN (ya cooptada también por la 4T) les ordena.
En segundo lugar, esta reforma trae consigo el financiamiento de la justicia, dejando en indefensión a las personas que no tienen la capacidad económica para pagar por la aplicación de una “suspensión”. Estos términos de “suspensión” se utilizan en los amparos para poner pausa o frenar (por decirlo coloquialmente) un acto de una autoridad. Antes bastaba con que la resolución quedara asentada por la persona juzgadora, pero con esta propuesta de los precursores de la transformación no basta con que quede asentada, pues ahora quien promueve el amparo tendrá que pagar cuando se resuelva la “suspensión”, dando palo con ello a la mayor parte de la población que no tiene suficiente capacidad económica para realizar dicho pago. Los morenitos han dejado de lado su famoso lema de “primero los pobres”, pues ahora la justicia será para quien pueda pagarla.
Por último, y lo más preocupante, es que en el afán del Gobierno Federal por hacer caer al empresario Ricardo Salinas Pliego, no caen en cuenta que se están llevando entre las patas a los pequeños contribuyentes. Cuando exista un crédito fiscal, cuando le debamos a Hacienda, y la cantidad que le debemos ya haya sido confirmada por la propia autoridad, no vamos a poder defendernos por la vía del amparo ante lo que supuestamente Hacienda dice que le debemos. Solo vamos a poder defendernos hasta que nuestros bienes estén en remate, es decir, ya hasta que los hayan embargado por negarnos a pagar y estén en subasta. Hasta ese momento vamos a poder ampararnos.
Curiosamente, mientras el país se cae a pedazos con los escándalos de corrupción de las principales figuras de la 4T por el huachicol fiscal, la ciudadanía de a pie, principalmente la clase media, sigue poniéndose la soga al cuello con más reformas que van directo a perjudicarla. Ni siquiera el PRI se atrevió a tanto en esos años en los que tuvo todo el poder.
Jueces del bienestar al fin y al cabo
Ya empezaron a funcionar los jueces del bienestar y ya se está viendo la impartición de justicia pronta y expedita, pero para los suyos, pues trascendió que la jueza federal Emma Cristina Carlos Ávalos otorgó suspensión provisional al contralmirante Fernando Farías Laguna, acusado de operar una red de huachicol fiscal desde la Marina y que ayer tenía que presentarse en el penal.
Desconocimiento
Dice el alcalde Leonardo Montañez que no sabía de las quejas de empresarios en contra del exdirector de Reglamentos Roberto Amézquita Camarillo e invitó a que estas se presenten por escrito y de manera formal. Lo cual parece bastante extraño, pues el propio alcalde no tenía conocimiento de todos estos reclamos por parte de los dueños de establecimientos, pues todos (hasta nosotros) siempre escuchábamos por parte del empresariado que, durante la gestión de olvido de Amézquita Camarillo, las principales quejas eran que había establecimientos preferidos que podían cerrar más tarde que los demás. Inclusive aplicaban la de cerrar, pero seguir el borlote dentro del lugar: bajando cortinas, persianas, cerrando puertas, etc., solo para disimular.
Otra queja era el tema de las multas: varios locatarios recibieron sanciones sin sustento, afirmando que la Dirección de Reglamentos era más una instancia recaudatoria que revisora. Sabemos que el exdirector ocupó el cargo por negociaciones políticas y de coto de poder, lo que ocasionó que muchas cosas se omitieran ante el presidente municipal, pues dicha dirección pareciera que fue intocable por mucho tiempo. Ahora, ante el relevo inminente, los empresarios del sector ven una gran área de oportunidad para su negocio y, sobre todo, para limpiar la mala imagen que le dejaron al ayuntamiento, principalmente al propio Montañez. Ojalá que poco a poco se empiecen a “abrir”, como se dice, todos los funcionarios que no permiten que las buenas decisiones que se han tomado desde el ayuntamiento (porque sí las hay) verdaderamente destaquen.
Reunión de mandatarios
El formato del tercer informe de gobierno de la mandataria Teresa Jiménez sigue dando de qué hablar, pues en esta ocasión logró reunir a tres exgobernadores. En Palacio Mayor se dieron cita Luis Armando Reynoso Femat, quien en su momento no apoyó al cien por ciento al candidato posible sucesor de su partido, Martín Orozco, y que le echó todo el respaldo a Carlos Lozano de la Torre, quien también estuvo presente.
Lozano de la Torre tampoco en su momento dio el respaldo total a la candidata de su partido Lorena Martínez para que fuera su sucesora. Aplicó la misma que Reynoso y apoyó al candidato adversario Martín Orozco Sandoval, quien también hizo todo lo posible para que la actual gobernadora Teresa Jiménez no pudiera llegar a su candidatura. A diferencia de los otros, esta rivalidad estuvo tan marcada que ocasionó una pugna entre palacios. Pero en esta ocasión el escenario fue diferente, pues en una mesa de diálogo transmitida por televisión, los mandatarios hablaron sobre los logros alcanzados en estos tres años de administración, platicaron de sus anécdotas cuando gobernaban y, como si ya se hubiesen perdonado entre todos los desaires, coincidieron en algo: la gente de Aguascalientes es lo más importante al momento de gobernar, pues son el claro ejemplo de que los cargos públicos son pasajeros, pero las decisiones que se tomen cuando se ocupan dichos cargos van más allá que cualquier temporalidad. Bien por este ejercicio de civilidad y madurez política.
El medio ambiente a debate
En El Malacate, una pequeña comunidad al suroriente de la capital, el agua (esa herencia que debería protegerse como patrimonio común) se ha convertido en motivo de conflicto, desconfianza y, según vecinos y colectivos, de hostigamiento. Varias organizaciones civiles y residentes han levantado la voz en las últimas semanas para advertir que el proyecto hidráulico impulsado por el Modelo Integral de Agua de Aguascalientes (MIAA) avanza sin la información, garantías ni transparencia necesarias.
Los colectivos sostienen que la obra, presentada como una “macroobra hidráulica” destinada a reforzar el suministro para fraccionamientos y nuevas zonas urbanas, carece de estudios claros sobre su impacto hidrológico y ambiental en la subcuenca que abastece a la propia comunidad. Además, afirman que la obra se ha intentado ejecutar pese a órdenes de suspensión y amparos promovidos por vecinos, lo que ha provocado confrontaciones y episodios de tensión.
El relato de quienes están en resistencia no es solo técnico: hablan de intimidación. Señalan episodios en que maquinaria y personal intentaron trabajar en zonas con suspensión de obra y relatan la presencia de elementos de seguridad municipal acompañando a personal de la empresa; situaciones que, aseguran, generaron momentos de riesgo y temor entre las familias que viven alrededor del Bosque de Cobos.
Para los colectivos, estas acciones no son incidentes aislados, sino parte de un patrón que busca normalizar la ejecución del proyecto ante la oposición social. El debate no se reduce a la retórica local: tiene implicaciones ambientales y legales. Si se comprobase que la redistribución propuesta afecta la recarga de mantos o la disponibilidad para consumo local, las consecuencias serían a largo plazo para la seguridad hídrica de la zona.
Por eso los vecinos han apostado a la vía jurídica (amparos y solicitudes formales) y a la visibilización pública: demandan compromiso verificable por escrito, estudios independientes y diálogo abierto antes de cualquier reanudación de trabajos. Las autoridades y MIAA están obligados a responder con más que discursos: con datos, acuerdos y garantías.
Un proyecto de infraestructura que reconfigura quién tiene acceso al agua no puede basarse solo en expedientes técnicos cerrados o en anuncios de inversión; requiere participación informada de la población afectada, supervisión ambiental robusta y mecanismos claros para evitar la exclusión de comunidades. La omisión de esos pasos alimenta la desconfianza y, en casos como el de El Malacate, enciende la chispa de la confrontación.
