El día de hoy, vía la invitación que me hizo la diputada Norma López del Congreso del Estado de Jalisco, participaré en una mesa de análisis sobre la propuesta que existe en aquel estado, para tipificar el reclutamiento infantil. En México, la violencia ha adoptado muchos rostros, pero pocos tan devastadores como el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por parte del crimen organizado. Durante años, miles de menores han sido cooptados con falsas promesas de dinero, empleo o pertenencia; y en otros casos, forzados mediante amenazas o violencia. Su niñez les es arrebatada para convertirlos en mensajeros, halcones, sicarios o víctimas de trata.
Frente a esta realidad, el Congreso del Estado de Jalisco discute una iniciativa trascendental: tipificar el delito de reclutamiento infantil dentro del Código Penal estatal. La iniciativa propone adicionar un nuevo capítulo sobre el “Reclutamiento de Niñas, Niños y Adolescentes”. En él, se establece que quien obligue, engañe o induzca a un menor para participar en actividades delictivas, será sancionado con penas de 15 a 30 años de prisión y multas económicas significativas. Además, las penas se duplican si el autor es familiar, tutor o servidor público que abuse de su posición.
El trasfondo jurídico es sólido. La propuesta se sustenta en los artículos 1°, 4° y 18° de la Constitución, que protegen los derechos humanos y la integridad de la niñez, así como en tratados internacionales ratificados por México, entre ellos la Convención sobre los Derechos del Niño (1989) y los Principios de París (2007). Ambos instrumentos obligan al Estado mexicano a prevenir y sancionar el reclutamiento de menores, no solo en conflictos armados, sino también por organizaciones criminales.
El documento legislativo cita además datos alarmantes de la Secretaría de Gobernación, que en 2021 identificó 18 estados con alta incidencia de reclutamiento infantil, entre ellos Jalisco, Guanajuato y Sonora. Las modalidades actuales son especialmente preocupantes: captación a través de redes sociales, videojuegos o promesas de empleo. En algunos casos, los reclutadores utilizan TikTok o Facebook para contactar adolescentes vulnerables y atraerlos con mensajes seductores sobre “trabajos bien pagados” o “grupos de protección”.
Resulta irónico y trágico, que las mismas plataformas que sirven para el entretenimiento y la expresión juvenil se hayan convertido en instrumentos de manipulación criminal. Por ello, la iniciativa no solo tiene un valor jurídico, sino una profunda carga moral: pretende devolver a la infancia su derecho a jugar, estudiar y soñar, lejos de las armas y del miedo.
Desde una perspectiva técnica, la propuesta es clara, congruente y proporcionada. Se alinea con la reciente reforma federal de junio de 2024, que sanciona la utilización de menores en delitos, pero no aborda la fase de captación o reclutamiento. Así, Jalisco podría convertirse en la primera entidad del país en definir este delito de forma autónoma, cerrando un vacío que durante años ha obstaculizado la justicia.
No obstante, el debate no debe limitarse a castigar. También es indispensable prevenir. El Comité de los Derechos del Niño de la ONU ha recomendado reiteradamente a México crear programas de desvinculación y reintegración para menores reclutados, así como políticas escolares de cultura de paz. De lo contrario, la ley corre el riesgo de convertirse en un castigo simbólico sin efectos reales sobre las causas del problema.
La urgencia de esta medida se refleja en los testimonios de jóvenes rescatados, muchos de ellos provenientes de contextos de pobreza extrema o familias fragmentadas. Su reclutamiento no siempre ocurre a través de la fuerza; a veces basta la necesidad y la promesa de una vida distinta. Por eso, además de la sanción penal, se requiere una respuesta integral del Estado que incluya apoyo psicológico, educación y oportunidades reales.
Tipificar el reclutamiento infantil no resolverá, por sí solo, el entramado de violencia que azota al país. Pero sí marcará un precedente ético y legal: el de un Estado que se rehúsa a mirar hacia otro lado cuando su niñez es convertida en carne de cañón. En un México donde los niños ya no pueden jugar sin miedo y los jóvenes encuentran en la criminalidad la única salida aparente, esta reforma representa una línea de defensa y de esperanza. Porque proteger a la infancia no es solo un acto jurídico: es un imperativo de humanidad.
