María Guadalupe Martínez González, o Lupita, como se refieren a ella sus familiares, enfrenta un caso marcado por el racismo, discriminación y violencia por parte del Estado, únicamente por ser mujer e indígena. A pesar de ser acusada de tentativa de feminicidio y secuestro sin sustento ni pruebas, podría enfrentarse a una condena de 50 años de prisión por un delito que nunca cometió.
La historia de Lupita
Lupita, que vive en el municipio de Temoaya en el Estado de México, tiene 48 años y es una mujer indígena otomí. Lleva más de 1 año viviendo con un brazalete electrónico atado a su pie, tras haber sido detenida un 4 de julio de 2022 afuera de su domicilio sin explicarle los motivos. Aunque luce con un ánimo fuerte y tranquilo, a ratos se quiebra y confiesa que solo quiere su vida de vuelta.
Los cargos con los que la acusaban eran los siguientes: abuso sexual, secuestro y tentativa de feminicidio, todos denunciados por la actual pareja de su ex pareja sentimental, también el padre de sus hijos. Lupita considera que el origen del problema se remonta a 2021, cuando intentó solicitar pensión alimenticia para sus hijos tras separarse de su pareja, luego de haber sufrido maltrato y violencia.
De acuerdo a Lupita y familiares, nunca ha tenido contacto con la mujer que la acusa, además señalan que los cargos presentados en su contra carecen de pruebas, sustento y una investigación adecuada. Aun así, las autoridades han mantenido el proceso en su contra, ignorando las inconsistencias del caso y las múltiples irregularidades señaladas por su defensa, (incluyendo heridas visiblemente autoinfligidas presentadas como pruebas, comprobado por un perito). A pesar de todo, espera una dura condena que podría ser ratificada en una audiencia este jueves 16 de octubre.
“Yo le diría a esa mujer que diga la verdad. Yo nunca la conocí, nunca tuve un enfrentamiento con ella, no sé qué es lo que quiere. Le diría que ya me dejara vivir en paz y que ella viva su vida.” Declaró en El País.
El estado vs Lupita
El caso de Lupita se ha convertido en un reflejo de las profundas deficiencias del sistema de justicia mexicano, particularmente en contra de las mujeres indígenas, quienes representan uno de los sectores más vulnerables y desprotegidos del país. Además de que proceso judicial ha estado marcado por racismo estructural, falta de perspectiva de género y omisiones institucionales, presenta irregularidades muy puntuales. Entre ellas se encuentran:
- Falta de traductor en su lengua materna: A lo largo del proceso judicial, no se le ha proporcionado un traductor en su lengua materna, el otomí, para orientarla a comprender los procedimientos. Como resultado, se vulnera su derecho a la defensa y su identidad como mujer indígena.
- Uso de pruebas falsas: A pesar de que la familia Martínez ha apelado por este lado con evidencias, la Fiscalía del Estado de México ha omitido sus peticiones, así como las pruebas de inocencia, presentadas por la defensa de Lupita, han sido desechadas.
- Falta de perspectiva de género y visión intercultural: Aunque esto le permitiría a Lupita ahondar en el proceso judicial, el Poder Judicial del Estado de México le negó un juicio que aplicara la perspectiva de género y derechos humanos.
Tras la falta de compromiso por parte del sistema de justicia por proteger Lupita, familiares, colectivas y abogadas feministas se han manifestado para visibilizar este acto de injusticia. Además de acompañar a Lupita y sus familiares en todo el proceso, por lo que invitan al público a sumarse al proceso de apelación que se iniciará para demostrar la inocencia de Lupita y luchar hasta que recupere su libertad.
Lupita agrega: “A veces creo que nos condenan a las mujeres como yo, indígenas, por delitos que no hemos cometido. Quisiera que la justicia viera que no porque digan que cometimos un delito ya somos culpables, sino que ellos deben de investigar y hacer bien su trabajo y no nos vean como delincuentes, secuestradoras, asesinas.”
