Cerca de 100 soldados de la Guardia Nacional de Texas llegaron este martes al área de Chicago, como parte de un despliegue autorizado por el presidente Donald Trump para apoyar a agentes federales frente a protestas y enfrentamientos en la ciudad. El resto de las tropas, hasta completar aproximadamente 200 efectivos, se espera que arribe en las próximas horas y se distribuya en varios puntos de la ciudad para mañana miércoles.
El envío de tropas ocurre en medio de crecientes manifestaciones contra las redadas migratorias, tras un incidente el pasado sábado en el que agentes de la Patrulla Fronteriza dispararon a una ciudadana estadounidense en el South Side de Chicago. Frente a estas acciones, agentes del orden se han enfrentado con manifestantes frente a instalaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Trump ha advertido que podría invocar la Ley de Insurrección de 1807 para “sofocar las protestas” y enfrentar lo que considera una “ola de crimen rampante” en la ciudad. En declaraciones desde el Despacho Oval, aseguró que “si el gobernador de Illinois, JB Pritzker, no puede hacer el trabajo, nosotros lo haremos”.
El mandatario estadounidense ya había considerado aplicar la misma legislación en Portland, Oregón, tras la suspensión judicial del despliegue de tropas de la Guardia Nacional en esa ciudad, aunque las autoridades locales aseguraron que la situación estaba bajo control.
La Ley de Insurrección, vigente desde 1807, permite al presidente desplegar fuerzas militares para enfrentar crisis que excedan la capacidad de las autoridades civiles. Su aplicación no está claramente definida ni limitada, lo que otorga un amplio margen de acción a la Presidencia. Su última implementación registrada fue en 1992, durante los disturbios en Los Ángeles bajo el mandato de George H.W. Bush.
El despliegue en Chicago ha generado tensiones con líderes demócratas locales. El gobernador Pritzker denunció que Trump utiliza a las tropas como “accesorios políticos” y la alcaldía de Chicago afirmó que las autoridades federales comparten poca información con la ciudad. Mientras tanto, un juez federal otorgó dos días al gobierno para responder a una demanda presentada por Illinois y Chicago, que busca frenar el plan de despliegue militar.
