El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que 12 centros penitenciarios del país concentran el 56 por ciento de las líneas telefónicas desde las cuales se realizan llamadas de extorsión, de acuerdo con los reportes al número nacional 089.
Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el funcionario presentó los avances de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, implementada en julio de este año, con la que se busca frenar uno de los delitos más comunes que afectan directamente a la ciudadanía.
Según el titular de la SSPC, 2 mil 389 números telefónicos han sido reportados por intentos de extorsión, de los cuales 33 por ciento ya fueron bloqueados mediante acciones coordinadas entre autoridades federales y locales.
Entre las medidas aplicadas destacan el bloqueo de antenas de comunicación en los penales de Altamira y Matamoros, Tamaulipas, así como la cancelación total de los servicios 3G y 4G alrededor del reclusorio de Santa Martha Acatitla, en la Ciudad de México.
García Harfuch detalló que desde el inicio del operativo se han efectuado 730 revisiones en 275 centros penitenciarios del país, donde se han asegurado teléfonos, chips, armas blancas, drogas y módems. Además, en los Centros Federales de Readaptación Social (de máxima seguridad) se realizaron 4 mil 608 inspecciones, con nuevos decomisos de equipos utilizados para comunicarse con el exterior.
El funcionario destacó que el fortalecimiento de la línea 089 ha sido clave en la prevención:
“Gracias al acompañamiento de los operadores, el 75 por ciento de las llamadas de extorsión no se consumaron”, señaló.
De las 83 mil 800 llamadas recibidas, 8 mil 682 casos correspondieron a extorsiones consumadas, lo que derivó en la apertura de 2 mil 929 carpetas de investigación y en la detención de 478 personas vinculadas al delito, en operativos realizados en 22 entidades del país.
García Harfuch aseguró que antes del primer trimestre de 2026 se bloquearán completamente las señales telefónicas en los 14 reclusorios federales y 13 de la Ciudad de México, como parte del compromiso del gobierno federal para cortar las operaciones del crimen organizado desde el interior de los penales.
