- Productores y legisladores señalaron riesgos para el patrimonio del campo
- Advirtieron exclusión y prisa por aprobar la reforma sin diálogo
- El PRI impulsa foros en todo el país para informar y organizar a los usuarios del agua
La nueva Ley General de Aguas impulsada por Morena representa un riesgo directo para el patrimonio de miles de familias campesinas, pues avanza sin un diálogo real y bajo un proceso legislativo marcado por la exclusión. Así lo señaló el diputado federal Humberto Ambriz Delgadillo durante un foro realizado en la sede de la CNC Aguascalientes, donde explicó que incluso se ha limitado la participación de productores interesados en informarse sobre la reforma.
Ambriz destacó que, ante esta falta de apertura, el PRI emprendió una serie de foros nacionales para escuchar a los usuarios del agua y advertirles sobre las consecuencias de una ley que podría afectar bienes construidos a lo largo de generaciones. Asimismo, subrayó que el agua es un elemento central en la vida productiva del campo y reiteró que no respaldarán una reforma apresurada ni sin consenso.
Por su parte, el coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, Rubén Moreira Valdez, explicó que la iniciativa enviada por la Presidencia separa la propiedad de la tierra de la propiedad del agua, impidiendo heredarla o usarla como garantía, además de imponer trámites adicionales que pueden derivar en sanciones severas y afectaciones a la productividad agrícola, ganadera e industrial. Afirmó que esta reforma pretende aprobarse con rapidez y llamó a productores y ciudadanía a exigir definiciones claras a los legisladores de Morena.
En su intervención, Moreira también expuso que el presupuesto federal aprobado para el ejercicio 2026 disminuye significativamente los recursos destinados a Aguascalientes frente a lo recibido en 2018, lo que afecta áreas estratégicas para el desarrollo estatal.
La diputada federal y lideresa campesina Leticia Barrera Maldonado señaló que la iniciativa busca centralizar decisiones relacionadas con el agua, retirando facultades a los estados y tipificando como delitos prácticas comunes del ámbito rural. Detalló que la propuesta contempla sanciones que pueden llegar a 12 años de cárcel y multas de alto monto, lo que vulnera derechos históricos conquistados desde la Revolución. Invitó a la ciudadanía a emprender una “revolución de consciencia” para impedir retrocesos en el campo.
A su vez, el secretario técnico del Grupo Parlamentario del PRI, Miguel Sulub Caamal, explicó que la propuesta tiene un carácter recaudatorio, pues condiciona la entrega o prórroga de concesiones al cumplimiento de obligaciones fiscales y de seguridad social, además de imponer reportes anuales sobre extracción de agua, superficie cultivada y producción.
