Crónica de una manifestación anunciada

Por primera vez, el régimen de Morena recibió una sopa de su propio chocolate, pues miles de personas en diversas partes del país (incluida la capital) fueron testigo de las protestas en contra de las políticas implementadas por el gobierno del bienestar. Si bien estas manifestaciones llegan en un momento de mucha tensión política derivada del asesinato de Manzo en Uruapan, Michoacán, muchas personas decidieron sumarse. Aunque claro, los oficialistas del régimen ya tenían otros datos y toda una estrategia de comunicación política para minimizar las marchas.

Sin embargo, antes de entrar a detalle con los otros datos que dice tener el Gobierno de México, empecemos por las contradicciones de su actuar previo y durante la manifestación. En primer lugar, ese lema de bandera política que tanto decían predicar -ser “un gobierno de puertas abiertas, un gobierno del pueblo para el pueblo”- pasó a segundo término, pues desde días antes de la marcha estaban cerrando con vallas diversas calles de la CDMX. Se veían trabajadores día y noche, laborando a marchas forzadas para reforzar estos muros dentro de nuestro país y contener las manifestaciones; algo muy criticado, pues los mismos morenistas que ahora disfrutan de las delicias del poder eran los principales opositores cuando “otros gobiernos” hacían lo mismo previo a manifestaciones.

En segundo lugar, vimos que, desde antes de que iniciara la marcha, varios personajes cercanos al régimen de la Cuarta Transformación difundían imágenes en sus redes sociales donde aseguraban que la marcha había sido un fracaso porque no llenaron ninguna plaza. Ese mensaje fue repetido por diversos medios de comunicación aliados al régimen.

En tercer lugar, el gobierno que dijo que ya no existía la represión -y que irónicamente le tocó a Claudia Sheinbaum cuando era jefa de Gobierno de la CDMX anunciar que toda protesta sería legítima y sin represión, al eliminar la figura de granaderos- nos dejó claro que eso fue completamente falso. La policía agredió a varios manifestantes, muchos fueron golpeados; y si bien no negamos que dentro de los movimientos existieran reventadores, muchos otros que no lo eran también sufrieron la represión. Lo más irónico es que, mientras el gobierno de Sheinbaum reparte “abrazos y no balazos” al crimen organizado, a quienes se manifiestan por su mal actuar les dan palazos y no abrazos.

Por último, la mandataria quiso minimizar las protestas diciendo que casi no se vieron jóvenes, a pesar de que la marcha fue convocada por ellos, pues surge desde un movimiento llamado Generación Z. Además, acusó a los opositores de politizar el movimiento, así como ellos lo hicieron con la marcha por la paz en 2009, con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, con las protestas por la tragedia de la Guardería ABC, entre muchas otras. Parece que el oficialismo quería dar a entender que solo ellos tenían el monopolio de las protestas. Como creen que hacen las cosas “requetebién”, no imaginaron que estarían actuando igual que los otros gobiernos opresores. Porque ellos no son iguales, dicen, pues con la palabra mágica “bienestar” creen que hacen una gran diferenciación. Hasta se viralizó un tuit de Claudia Sheinbaum del año 2014 donde decía, textual: “¿Por qué toda la fuerza del Estado contra los estudiantes y no contra los narcos?”.

En lo local

En lo local la manifestación también tuvo gente, y si bien varios medios publicaron fotos con muy pocas personas en la plaza principal, fue cuestión de minutos para que se llenara. Y sí, hubo de todo: familias enteras sin preferencia partidista o política, pero también funcionarios y representantes de gobiernos estatales y municipales, representantes públicos, algunos militantes del PAN, y grupos ultraconservadores como el Frente Nacional por la Familia. Todos vestidos de blanco y algunos con sombrero se sumaron a la ola de protestas contra el gobierno de Sheinbaum.

Las reacciones de los morenistas locales no se hicieron esperar y repitieron el patrón de comunicación del ámbito nacional, asegurando que los asistentes a la marcha del pasado sábado eran los mismos que acudieron al mitin de la excandidata presidencial Xóchitl Gálvez cuando visitó la entidad; los mismos que marcharon en defensa del INE y los mismos que participaron en el movimiento “Vive Libre”. ¿Usted participó en la marcha? ¿Cree que escucharán sus demandas?

Hubo tiro

Se agarraron a tuitazos Ricardo Salinas Pliego y el diputado federal por Aguascalientes -quien busca la alcaldía de la Cuauhtémoc– Arturo Ávila. Todo se originó cuando Ávila acusó al empresario y dueño de TV Azteca de querer mandar a sus trabajadores a la marcha del 15 de noviembre y de estar alineado con “la ultraderecha” y “gobiernos extranjeros” detrás de estas manifestaciones.

El empresario respondió que sí enviaría a sus reporteros porque tenían que cubrir la noticia, y acusó al vocero morenista en la Cámara de Diputados de vivir de los altos impuestos que pagan los contribuyentes y de ser cómplice de Adán Augusto en negocios que, según dijo, le generaron al líder de la bancada guinda en el Senado más de 200 millones de pesos.

Arturo reviró diciendo que todo su patrimonio lo ha forjado con trabajo, emprendiendo y generando empleo. Le recordó al empresario que tiene una sentencia firme por dinero que adeuda al SAT por ISR de ejercicios fiscales anteriores. Eso, al parecer, enfureció al “tío Richi”, quien le respondió que no olvidara la relación que él y Adán Augusto tienen con el huachicol fiscal, asegurando que existen videos, textos, audios y testigos de la solicitud del morenista. Por último, Salinas Pliego le pidió que no volviera a mencionarlo en sus tuits, mensaje que se leyó como una amenaza. Veremos si la guerra continúa.

Conferencia azul

En la sede del Comité Directivo Estatal del PAN en Aguascalientes, dirigentes y diputados federales pusieron en el centro una crítica que va más allá del partido: señalaron lo que consideran un maquillaje político del gobierno federal y advirtieron sobre reformas que, de aplicarse sin medidas de transición, pueden golpear a familias y productores.

La conferencia -encabezada por Javier Luévano Núñez, Paloma Amézquita y los diputados Paulo Martínez, Mónica Becerra y Elizabeth Martínez– dejó un mensaje claro: hay mucho ruido oficial y pocas certezas. Aseguraron que México vive “momentos decisivos”, instituciones que se debilitan, una sociedad polarizada y un trato desde el poder que descalifica la discrepancia.

Señalaron además que las recientes manifestaciones en varias ciudades son síntoma de un hartazgo que no se resuelve con discursos. En ese contexto ubicaron el llamado “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia” como una promesa envuelta en espectacularidad, pero pobre en contenido verificable.

El Gobierno presentó el Plan Michoacán como un esfuerzo integral con más de 100 acciones y una inversión anunciada de más de 57 mil millones de pesos; sin embargo, el PAN local afirma que esa cifra no es dinero nuevo, sino la suma de programas preexistentes vendidos como extraordinarios.

La discrepancia no es menor: si lo anunciado no incorpora recursos adicionales ni mecanismos de seguimiento claros, lo que queda es un expediente con buena fotografía y poca operatividad real.

La otra gran preocupación planteada en la rueda de prensa tiene nombre técnico: la propuesta de Ley General de Aguas, actualmente en discusión legislativa. El diputado Paulo Martínez alertó sobre cambios que, en su lectura, sustituyen títulos de concesión por permisos anuales y centralizan el control, lo que puede someter al campo a supervisión política y a la falta de certeza jurídica.

Esa reforma -según el diagnóstico del PAN- tampoco contempla incentivos ni apoyos para tecnificación o reúso, y obliga a instalaciones (captación, tratamiento) sin respaldo presupuestal. La iniciativa y los debates legislativos sobre el agua ya aparecen en las gacetas y proyectos turnados a comisiones.