Mucho antes de que tuviera nombre, decenas de mujeres y personas con capacidad de gestar ya denunciaban servicios de salud violentos, deshumanizantes, negación de acceso a la información y otras prácticas que impedían su capacidad de decidir de manera libre. En los últimos 20 años, países como Venezuela, Argentina, México y hasta Uruguay, han sentado las bases para nombrar, reconocer y actuar ante una problemática que sigue pendiente: la violencia obstétrica (VOB).
El término de VOB surgió en América Latina, y comenzó a tomar fuerza a principios de los 2000. Sin embargo, desde los años 90, diversas organizaciones feministas y de derechos humanos ya hablaban de abusos en los servicios de salud. Como el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM), que publicó un informe que registraba agresiones y tratos crueles hacia mujeres en hospitales públicos en Perú, llamado Silencio y complicidad.
Años más tarde, en Chile, la antropóloga Michelle Sadler presentó su tesis ”Así me nacieron a mi hija. Aportes antropológicos para el análisis de la atención biomédica del parto hospitalario“, en donde señaló que estos espacios y procesos médicos podían ser también un espacio de violencia simbólica y estructural.
Tuvieron que pasar más de 10 años para que el debate en torno a esta violencia fuera trasladado al ámbito global y para que la Organización Mundial de Salud (OMS) lo reconociera como un problema de salud pública y derechos humanos.
Pero antes, el feminismo latinoamericano hizo de lo suyo.
Breve recorrido por la lucha contra la violencia obstétrica en América Latina
Fue en Argentina que se dio el primer reconocimiento formal de la violencia obstétrica con la Ley 25.929 de Parto Humanizado, reconociendo el derecho de las mujeres a recibir información y a decidir libremente sobre su parto. Esto sucedió en 2004.
Más adelante en 2007, Venezuela se convirtió en el primer país en el mundo en tipificar la violencia obstétrica como delito.
Por su parte, un año después, México sentó las bases conceptuales para abrir la conversación en el país al incluir este término dentro de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Empezó con Veracruz y se extendió hasta 29 entidades. Para 2016, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación General 31, reconociendo oficialmente la violencia obstétrica en el país.
Pero no fueron los únicos. En 2008, Uruguay también incorporó el término en la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y lo amplió en 2017. Panamá definió la VO como un trato abusivo, deshumanizante o humillante en 2013 y en ese mismo año, Bolivia lo extendió para abarcar derechos reproductivos más amplios, como el aborto, la lactancia y el embarazo.
En 2021, Venezuela hizo una reforma que amplió la noción para incluir también la violencia ginecológica, mientras que Cuba publicó una Guía para la Atención al Parto Respetuoso, que se basa en las recomendaciones de la OMS en 2022.
Un camino lleno de resistencia y acompañamiento
Si bien el reconocimiento jurídico ha sido un avance, el desafío actual es evitar que la respuesta recaiga en la vía penal. Es importante entender que la violencia obstétrica no se reduce a acciones malintencionadas de profesionales individuales: empieza desde las fallas de un sistema de salud saturado y más centrado en la logística que en la escucha.
En México, la organización feminista GIRE ha acompañado a casos de violencia obstétrica y ha trabajado para visibilizarla a través de la investigación, el litigio y la incidencia política. Asimismo, han insistido que criminalizar al personal médico no soluciona un problema que es estructural. Además, genera resistencia entre los equipos de salud que, con frecuencia, operan con recursos limitados, exceso de trabajo y escasa capacitación.
Lo que GIRE sugiere para realmente avanzar es: prevención, reparación y cambios institucionales profundos, en lugar de sanciones aisladas, con ayuda de la formación con perspectiva de género, inclusión de infraestructura digna y mecanismos efectivos de rendición de cuentas.
