- Señalan riesgos para el campo, la actividad agrícola y la economía rural
- Advierten afectaciones a derechos adquiridos y certidumbre jurídica
- Piden detener el proceso y abrir un diálogo nacional incluyente
Las diputadas y los diputados del Congreso del Estado de Aguascalientes pertenecientes a los grupos parlamentarios del PAN, PRI y PRD expusieron un posicionamiento en contra de la reforma a la Ley de Aguas Nacionales promovida por Morena en el Congreso de la Unión, al señalar que podría impactar negativamente al campo, la actividad agrícola y la estabilidad económica de numerosas familias rurales en el país.
Indicaron que, en las últimas semanas, han sostenido reuniones con campesinos, agroproductores y organizaciones del sector hídrico en Aguascalientes, quienes han manifestado preocupación por los posibles efectos de la reforma. De acuerdo con los testimonios reunidos, la propuesta vulneraría derechos adquiridos, pondría en riesgo el patrimonio familiar y generaría incertidumbre jurídica que podría inhibir inversiones y reducir la producción agrícola regional y nacional.
Durante su intervención, el diputado Heriberto Gallegos Serna expresó que productores agropecuarios han externado inquietudes legítimas y aseguró que las y los legisladores que integran la mayoría del Congreso local acompañarán sus causas para evitar afectaciones derivadas de la reforma.
El Grupo Parlamentario del PAN reiteró que cualquier modificación al marco hídrico debe garantizar el derecho humano al agua sin comprometer la seguridad jurídica del sector agrícola ni convertir el recurso en un instrumento de control político. Subrayaron que México requiere una legislación moderna y técnica, y no un cambio apresurado que, en su opinión, podría agravar la crisis hídrica en lugar de ofrecer soluciones.
Asimismo, las y los legisladores del PAN, PRI y PRD expusieron que la propuesta no contempla inversión suficiente en infraestructura y que implicaría retrocesos en materia de financiamiento público, además de eliminar condiciones de certidumbre para los concesionarios. Este panorama, señalaron, ha derivado en manifestaciones y protestas en diversas entidades, donde productores advierten posibles afectaciones al valor de la tierra, restricciones para vender o heredar predios y riesgos para la viabilidad financiera del sector agrícola.
También mencionaron que la rapidez con la que se busca aprobar la reforma limita un debate público amplio y reduce la posibilidad de consultar a los sectores directamente involucrados, lo que incrementaría la vulnerabilidad de pequeños productores, comunidades rurales y economías locales.
Finalmente, los grupos parlamentarios del PAN, PRI y PRD hicieron un llamado al Congreso de la Unión para detener el proceso legislativo y abrir un diálogo nacional incluyente, con el objetivo de construir una ley que responda a la crisis hídrica sin generar afectaciones al campo mexicano.
