La Barra de Abogados advirtió que el Poder Judicial no cuenta con presupuesto, infraestructura ni personal suficiente para implementar la oralidad civil y familiar en 2027, señalando avance lento y necesidad urgente de nuevos juzgados
Erick Monroy alertó sobre la presión “altísima” del personal judicial, con riesgos de incapacidades y crisis de ansiedad por horarios extendidos y carga duplicada, pidiendo revisar decisiones administrativas y contratar más trabajadores capacitados
Solicitó transparencia en decisiones internas, incluyendo el caso del juez Azul Bañuelos, y destacó que la claridad institución
El Poder Judicial del estado podría enfrentar la transición hacia la oralidad civil y familiar sin el presupuesto, la infraestructura ni el personal necesarios, pese a que la implementación del nuevo sistema tiene como fecha límite marzo de 2027.
Erick Monroy, presidente de la Barra de Abogados en Aguascalientes, advirtió que el Poder Judicial requiere un incremento presupuestal urgente. Mencionó que, aunque no ha escuchado propuestas formales para crear nuevos juzgados en Jesús María, la necesidad es evidente. Recordó que la reforma supone incorporar nuevos jueces y contar con instalaciones adecuadas. “No solamente se requerirán jueces, sino una infraestructura que se debe de tener en este tipo de juzgados e igualmente se deben de tener estrategias para atender esa problemática que se viene con lo civil y familiar”, afirmó.
Señaló que las autoridades ya han sostenido reuniones para iniciar los trabajos, aunque considera que el avance es lento. “Creo que vamos a destiempo, donde en marzo del 2027 es cuando debe de iniciar la oralidad civil y familiar, sin embargo, históricamente así se trabaja en el país”.
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Monroy alertó sobre el nivel de presión que actualmente enfrenta el personal judicial, al cual calificó como “altísimo”. Indicó que este desgaste podría derivar en incapacidades médicas o crisis de ansiedad. Explicó que para cumplir con la carga laboral se han extendido los horarios del personal, por lo que consideró necesario revisar las decisiones administrativas que han duplicado el trabajo para evitar mayores afectaciones.
Añadió que es indispensable encontrar un mecanismo presupuestal para contratar más personal, ya que los juzgados suelen estar rebasados. A esto se suma —dijo— la falta de experiencia de algunos de los nuevos juzgadores, lo que podría comprometer el funcionamiento del sistema.
El presidente de la Barra de Abogados también externó preocupación por la falta de claridad en el caso del juez Azul Bañuelos. Cuestionó que, si el funcionario no ha logrado responder a la carga de trabajo y ha sido exhibido públicamente, se contemple removerlo. “Creo que esto debe de llevarlo a renunciar al puesto, pues no debe de ser cambiado a otra área”, comentó.
Finalmente, Monroy destacó que el interés de los litigantes es que la impartición de justicia avance sin contratiempos. Consideró indispensable que el Poder Judicial mantenga transparencia en torno a sus decisiones para evitar incertidumbre entre quienes dependen del sistema. “Porque creo que el hecho de que la autoridad informe de sus acciones no le quita mérito y estaríamos todos más conformes”, concluyó.
