A quienes estudian la carrera de Derecho se les repite hasta el cansancio que una definición de esta ciencia humanística es “hacer lo justo, dar a cada quien lo suyo”. En las primeras clases se enseña desde los principios del derecho hasta llegar a la hermenéutica jurídica, siempre buscando apelar al bien, incluso, ¿repartir o hacer justicia en su sentido más puro?
Parece que esos principios quedaron olvidados gracias al poder por el poder. En días recientes tuvimos la reforma judicial, y en LJA dimos seguimiento a todo el proceso. Para algunos fue justo porque se habló del nepotismo y de la opacidad que imperaban en el Poder Judicial. Sin embargo, la reforma no atendió el problema de fondo: la falta de recursos y de personal adecuado. Había jueces y magistrados con mucha carrera judicial, y eso era algo respetadísimo: ser magistrado o juez era un honor en la universidad.
Cuando teníamos maestros que eran jueces, sabíamos que enseñaban porque querían aportar algo a los estudiantes. ¿Qué pasó? Tenemos la primera elección judicial donde, si aún existiera respeto por la dignidad de la justicia, se competiría por conocimiento y vocación, no por un puesto.
Fue claro que, al abrirse esta convocatoria, se convirtió en un espacio político para los gobernadores. Morena hizo suyo el tema y el PAN no supo ser oposición, como no ha sabido serlo. En Aguascalientes, el PAN se subió a las reglas del juego guinda y así colocaron a varios jueces.
No hay que ser ilusos para saber lo que iba a pasar. Y ahora, ¿qué ocurre con los jueces penales? Una cuestión de dignidad, una labor tan delicada como la de un médico. En la justicia penal se les repite hasta el cansancio que tengan cuidado, pero no lo hicieron. Tal vez no sea cuestión de edad -puede haber jóvenes brillantes-, pero tuvimos un juez penal que, como muchos otros, llegó por influencias. Fue exhibido en las primeras audiencias, con violaciones evidentes a la ley, lo cual resulta absurdo. El Supremo Tribunal de Justicia viola la ley y ahora “comisiona” al juez penal, pese a que no existe tal figura. Esperamos que tengan la suficiente altura moral, o al menos legal, para recordar por qué estudiaron Derecho, y no crear una figura que a todas luces es ilegal. ¿Desde cuándo se comisiona a los jueces? Denos un solo caso en el que un juez haya sido comisionado a un asunto ajeno a su función: no lo hay. Entonces, ¿por qué el juez más joven del país debe ser “comisionado” a otra área para la que no fue electo? ¿Con qué faramalla o maroma jurídica nos van a salir? Por este y otros casos que se observan desde el nivel federal, concluimos que, si bien la justicia en México nunca fue pronta ni expedita (aunque lo intentaba), hoy la justicia es comisionada, de risa y sin dignidad.
Mordaza religiosa
La Cuarta Transformación no deja de sorprendernos con sus reformas en “beneficio” del pueblo. Así como un día aprueban leyes contra los contribuyentes, otro van contra empresarios, medios de comunicación o empresas de telecomunicaciones. Total, agarran parejo. Tan es así que ahora el propio vocero de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, legislador federal por Aguascalientes y futuro candidato a la Delegación Cuauhtémoc en la Ciudad de México, Arturo Ávila, presentó una iniciativa para regular las declaraciones y publicaciones en medios digitales de todos los ministros de culto y asociaciones religiosas. ¿Se viene la guerra cristera digital?
La reforma busca adicionar un tercer párrafo al artículo 16 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, para que la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, junto con la Secretaría de Gobernación, generen lineamientos que “regulen” las publicaciones de estos sectores de poder -porque sí lo son-, bajo el pretexto de respetar los derechos digitales, la neutralidad de la red y la prevención del discurso de odio. Pero el fondo está en las letras chiquitas: el artículo segundo transitorio obligaría a las asociaciones religiosas a entregar un informe detallado sobre sus contenidos digitales (incluidas redes sociales) a la Secretaría de Gobernación, para comprobar que su información cumpla con los principios de “laicidad, no discriminación, derechos humanos e interés público”.
Además, el tercer transitorio ordena que los futuros lineamientos regulen todos los contenidos de ministros y asociaciones religiosas en redes sociales. Para disimular la intención de censura, añaden un cuarto transitorio que “de buena fe” faculta a la Secretaría de Turismo y al INAH para diseñar contenidos que promuevan el turismo histórico-religioso y la diversidad cultural. Ya nos imaginamos a los oficialistas del régimen federal presumiendo que con esto se incentivará el turismo religioso y el crecimiento económico. Y sí, ya escuchamos a Arturo Ávila decir que la propuesta beneficiará a municipios como San José de Gracia, Calvillo, la capital y Asientos, entre otros.
Sin embargo, el fondo de la iniciativa es claro: regular la libertad de expresión en medios digitales de las asociaciones religiosas y ministros de culto. No se deje engañar: la iniciativa no busca detonar el turismo, sino coartar la libertad de expresión de estos grupos. Imaginemos que el obispo de la entidad, Juan Espinoza Jiménez, decide cuestionar los altos índices de inseguridad a través de redes sociales: esas declaraciones podrían tomarse como discurso de odio por los precursores de la Cuarta Transformación. Así evitan críticas y cuestionamientos por parte de los grupos religiosos. No cabe duda de que los de Morena están jugando con fuego y tanteando hasta dónde pueden llegar con su poder, mientras el electorado y la ciudadanía se los permita. Desde el Congreso de la Unión, se cocina una posible reforma que traerá consigo la mordaza religiosa.
Saludando con sombrero ajeno
Llama la atención cómo muchos diputados y regidores carecen de agenda estratégica. Es cierto que la gobernadora es un referente político que trasciende en la entidad, al igual que los alcaldes, pues de ellos depende la ejecución de políticas públicas. Pero los demás -llámense diputados o regidores- caen en una zona de confort, donde no batallan por acercarse a la gente, sabiendo que en cualquier evento de inauguración u obra pública siempre tendrán su lugar. Sin agenda propia, se cuelgan de esos actos para presumir trabajo, cuando en realidad solo fungen como “damos de compañía”.
Por ejemplo, se ve a diputados locales pagando campañas en redes sociales sobre el hospital veterinario o a regidores de oposición publicando textos del tipo “acompañé al alcalde al evento…”. Sería interesante saber si sus comisiones hacen algo, porque parece que no son oposición: se conforman con sus espacios y con quedar bien con quien gobierne. Algunos aprovechan que la ciudadanía no sabe bien qué hacen los regidores, lo cual les ayuda a seguir pasando desapercibidos, mientras otros brincan a diputaciones o se dedican a hacer negocios.
No olvidemos que muchos cuentan con permisos para operar bares, restaurantes, merenderos y puntos de venta de alcohol mediante prestanombres. También hay quienes se agandallan parte del fondo de gestión, que en el caso de la capital asciende a unos cincuenta mil pesos mensuales. La ejecución de ese recurso no se transparenta, igual que los apoyos a fondo perdido, donde también pueden meter mano sin rendir cuentas. No nos hagan hablar de más: bien saben que tenemos nombres. Por eso, en el círculo político, todos se pelean más por ser regidores que diputados: están menos expuestos y, económicamente, resulta mucho más rentable.
