- El nuevo Código Nacional sustituirá por completo las normas procesales estatales y unificará todos los juicios civiles y familiares en México para abril de 2027
- La homologación permitirá que cualquier abogado litigue en cualquier estado con las mismas reglas, agilizando procesos y facilitando el acceso ciudadano a la justicia
- El modelo incorpora mediación y mecanismos alternativos, y requiere preparación anticipada de jueces, operadores y litigantes para aplicar un sistema común en las 32 entidades
Felipe Alejandro Zegbe Camarena, coordinador del Grupo Técnico y Revisor del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, explicó los alcances de la reforma que transformará por completo la forma en que se tramitan los juicios civiles y familiares en México. El especialista compartió cómo surgió este instrumento jurídico, cuáles son sus objetivos centrales y por qué representa un cambio histórico para la administración de justicia en el país.
Zegbe Camarena recordó que México ha operado durante décadas con códigos procesales distintos en cada estado, lo que implica que los abogados deben estudiar normas diferentes según la entidad en la que litigan. Bajo el nuevo modelo, esta dispersión terminará. “El Código Nacional va a ser el único que va a dar género en todo el país”, explicó. Añadió que las normativas procesales locales desaparecerán por completo para dar paso a un sistema único que deberá aplicarse en las 32 entidades federativas.
De acuerdo con el segundo artículo transitorio del ordenamiento, el plazo máximo para que todo el país implemente el nuevo Código Nacional vence el 1 de abril de 2027. A partir de esa fecha, los procedimientos civiles y familiares deberán resolverse exclusivamente conforme a esta normatividad, lo que permitirá que los mismos términos, instituciones y criterios sean utilizados tanto en Aguascalientes como en Zacatecas, Chihuahua o Chiapas. Según el especialista, esta homologación ofrecerá a la ciudadanía una experiencia más clara y ágil al momento de acceder a los tribunales.
Aunque cada estado conservará la facultad de expedir su propio código civil o familiar —donde se establecen los derechos sustantivos, como los relacionados con el matrimonio o las relaciones familiares—, el proceso para exigir su cumplimiento será uniforme. Zegbe Camarena precisó que esta reforma no elimina la diversidad normativa del país, pero sí unifica la vía procesal por la cual se hacen valer esos derechos. De esta manera, el justiciable podrá acudir a un abogado que, sin importar su entidad de origen, conocerá el mismo sistema procesal.
Durante la conversación, el especialista subrayó que el Código Nacional es un instrumento que busca acercar la justicia a la gente. Para ello, no solo mantiene las funciones tradicionales de litigio, sino que abre nuevas vías para la solución de conflictos. “Los abogados tienen la posibilidad de certificarse como mediadores, facilitadores y complementar soluciones para las partes”, afirmó. Con ello, la reforma impulsa mecanismos alternativos que pueden resolver disputas sin necesidad de agotar procesos judiciales largos.
Asimismo, Zegbe Camarena resaltó que el nuevo código no pretende resolver por sí solo los problemas de fondo del sistema de justicia, pero sí funcionar como una herramienta clave que deberá sumarse a esfuerzos integrales, como una mejor gestión judicial y mayor capacitación de jueces, juezas y operadores jurídicos. Recordó que el proyecto fue construido con la participación directa de quienes aplican las normas en el día a día: “El Código Nacional fue hecho por los jueces, juezas del país y por los operadores jurídicos”.
Para los abogados en ejercicio, la llegada del nuevo código implica también una ventaja adicional: podrán acompañar a sus clientes en cualquier parte del país sin tener que aprender un marco procesal nuevo en cada entidad. Esto, destacó, fortalecerá la confianza entre litigantes y representados, y facilitará que cualquier persona encuentre asesoría jurídica adecuada sin importar la región donde inicie su juicio.
Con la vista puesta en 2027, Zegbe Camarena insistió en la importancia de que la comunidad jurídica se prepare desde ahora para enfrentar los desafíos y oportunidades que traerá este nuevo marco. Concluyó que la unificación procesal no solo representa un avance técnico, sino también un compromiso para hacer la justicia más accesible y uniforme para todas y todos.
