- El Observatorio de Violencia Social y de Género contabiliza once feminicidios en 2025, cifra que no coincide con registros oficiales debido a la ausencia de fiscalía especializada y deficiencias iniciales en la investigación
- Mariana Ávila denunció que muchos casos se clasifican como accidentes, suicidios u homicidios dolosos, lo que retrasa la aplicación de protocolos; las familias suelen aportar pruebas para solicitar la reclasificación, cuando ya se perdieron indicios clave
- Señaló fallas en periciales, falta de personal especializado y ausencia de protocolos actualizados, afirmando que la institución está rezagada frente al avance social en el reconocimiento del feminicidio como problema estructural
La presidenta del Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes, Mariana Ávila Montejano, informó que la organización tiene contabilizados once feminicidios en lo que va de 2025, una cifra que nuevamente no coincide con los registros oficiales del estado. Señaló que esta discrepancia es una constante año con año debido a la falta de estructuras adecuadas para la investigación de muertes violentas de mujeres.
“Recordemos que en casi todos los años las cifras del estado y las cifras del observatorio no coinciden porque primero no tenemos una fiscalía especializada en investigación de muertes violentas de mujeres; somos de los pocos estados que todavía no contamos con una fiscalía especializada”, afirmó.
Ávila subrayó que la ausencia de personal capacitado provoca investigaciones deficientes desde el inicio. “Me he encontrado ministerios públicos que todavía no saben qué es feminicidio, a pesar de que desde 2004 se habla a nivel nacional de lo que implica”, denunció.
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La presidenta del Observatorio advirtió que la mayoría de las carpetas de investigación se clasifican inicialmente como accidentes, homicidios dolosos o incluso suicidios, lo que impide que se apliquen los protocolos correspondientes. Solo cuando las familias comienzan a exigir la reclasificación, aportando pruebas como antecedentes de violencia, mensajes de amenaza o dispositivos dañados; se reconsidera el caso como posible feminicidio. Para entonces, dijo, “la mayoría de los indicios se perdieron y la mayoría de estos son irreparables”.
También señaló deficiencias graves en el levantamiento de evidencias. “Hemos acompañado a familiares que después de que se va el área de periciales han encontrado los objetos con los que se llevó a cabo el feminicidio y no lo levantaron”, alertó. Agregó que en periciales han identificado la presencia de jóvenes recién egresados de carreras como mercadotecnia o comunicación, realizando tareas para las que no están capacitados. “Tendrían que ser personas especializadas… y no es lo que estamos encontrando”, expresó.
Respecto al tipo penal, Ávila recordó que el feminicidio es un delito autónomo desde 2017 y que, en teoría, posee sanciones más altas que el homicidio. Sin embargo, esto no se refleja en la práctica. “No tenemos un protocolo actualizado, no tenemos una fiscalía especializada… lo que hace falta definitivamente es la voluntad, el recurso y la conciencia de que son sus responsabilidades”, sostuvo.
Para la activista, la sociedad ya avanzó en el reconocimiento del feminicidio como problema estructural, pero las instituciones no han acompañado este proceso. “Parece que la institución se ha quedado atrás de lo que está sucediendo socialmente”, concluyó.
