Cosas veredes
Reforma Electoral ¿Para qué?
En los próximos días, al parecer el 17 de noviembre, se llevará a cabo en Aguascalientes, la audiencia pública de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, y es tiempo de reflexionar acerca de ese tema tan sensible de la agenda nacional. Habrá que dedicar varios artículos para ello y considero útil iniciar con la pregunta del título.
Una reforma electoral, y más aún si se propone como reforma política, no puede plantearse como una idea aislada o propuesta unilateral de alguna fuerza política. Tampoco puede ser producto de la percepción individual o de grupo, o menos aún de intereses aislados al interés de la nación, sino que debe responder a las necesidades del país para consolidar un régimen democrático, como base para sostener un desarrollo socioeconómico igualitario, de progreso constante.
En ese sentido, el primer paso para una reforma electoral o política es fundamentar su pertinencia y necesidad en función de aquellos fenómenos o situaciones que han venido mostrando desequilibrios, vicios o tendencias nocivas en el funcionamiento o desarrollo de las instituciones en el sentido de los principios y postulados constitucionales.
En 1977, la representación y la base política del gobierno mexicano acusaba el desgaste y la pérdida de legitimidad del sistema de partido de estado, mostraba ya escasa credibilidad social, su base electoral era cada vez más simulada, y había total ausencia de mecanismos de participación de las expresiones políticas discrepantes del oficialismo. Fue necesario abrir la constitución de nuevos partidos políticos, y definirlos como “entidades de interés público”, es decir componentes de la estructura del estado para la integración democrática de los poderes ejecutivo y legislativo, de tal manera que se creó el sistema de representación mixta, mayoría relativa y representación proporcional para incorporar siempre a la diversidad de expresiones.
Ya en 1993 se hizo la reforma para ampliar la pluralidad parlamentaria, y se crearon las senadurías de primera minoría. Y en 1994, la coyuntura del país, marcada por el TLC y la insurgencia zapatista, mostró la fragilidad del organismo electoral sujeto a la autoridad del gobierno, y fue necesario para la certeza y garantía del proceso, crear en amplio consenso parlamentario el Consejo Ciudadano del IFE.
En 1996, las turbulencias de la economía nacional y el escalamiento de conflictos políticos por disputas electorales, marcó la necesidad de procesar un acuerdo político que se concretó en el Pacto de Chapultepec entre PRI, PAN Y PRD, que propició la reforma electoral profunda que otorgó autonomía al órgano electoral, se crearon las senadurías de lista nacional, se reglamentó el financiamiento público y fortaleció el sistema jurisdiccional electoral.
En 2007, la crisis derivada de los comicios federales de 2006, cuyo principal rasgo fue la denuncia de fraude por la intromisión de funcionarios públicos y grandes empresas en el proceso electoral, generó la necesidad de una nueva reforma para acotar la intervención de los servidores públicos en los procesos electorales, impedir la intromisión de empresas y capitales privados en las contiendas, establecer reglas y mecanismos para dar certeza a los resultados en eventuales competencias cerradas, así como fortalecer los procedimientos sancionatorios y los instrumentos jurisdiccionales
En el sexenio de Peña Nieto, el Pacto por México y la aprobación de las llamadas “reformas estructurales”, llevó a la necesidad de negociar entre las principales fuerzas políticas de entonces PRI-PAN-PRD, nuevos mecanismos políticos. La reforma electoral de 2014 eliminó la figura del Distrito Federal para crear la entidad “Ciudad de México” con estatus soberano y sin injerencia directa del ejecutivo federal, y hasta se incluyó en la Constitución la posibilidad de “gobiernos de coalición”.
En esa misma reforma, también se estableció la reelección consecutiva en ayuntamientos y poderes legislativos con el argumento de recabar la calificación popular de los integrantes de esos órganos, y se avanzó en la centralización del sistema electoral transformando el Instituto Federal Electoral en Instituto Nacional Electoral, ampliando sus funciones, vinculando los sistemas locales al órgano federal, y legislando acerca de las normas generales para los partidos políticos.
¿En 2025, una vez que, después de la última reforma electoral, el país transitó los procesos electorales federales de 2015, 2018, 2021 y 2024, y los procesos locales de ese periodo, cuáles son los aspectos, vicios o distorsiones del sistema electoral mexicano, o de la estructura política del gobierno, que debieran ser modificados para perfeccionar nuestra democracia, mejorar la integración de los órganos de representación y del gobierno de la República y sus entidades, en función de los postulados que señala nuestra Constitución?
Tal vez esa pregunta debiera ser la que se intente responder con las ponencias y propuestas a presentar y conocer en la audiencia pública.
@gilbertocarloso
