Cosas veredes
Reforma Electoral ¿Para qué? (Segunda parte)
En los próximos días, se llevará a cabo en Aguascalientes, la audiencia pública de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, y seguimos reflexionando acerca de ese tema tan sensible de la agenda nacional.
Nos preguntamos: ¿Si la última reforma electoral se llevó a cabo en 2014, ahora una vez que el país transitó los procesos electorales federales de 2015, 2018, 2021 y 2024, y los procesos locales de ese periodo, cuáles son los aspectos, vicios o deformaciones del sistema electoral mexicano, o de la estructura política del gobierno, que debieran ser modificados para perfeccionar la integración de los órganos de representación y gobierno de la República y sus entidades, en función con los postulados que señala nuestra CPEUM?
Los fenómenos más perniciosos que saltan a la vista en los últimos procesos electorales, son los que se refieren a la intromisión de la delincuencia organizada en asuntos políticos, la introducción de financiamiento ilegal en la promoción, precampañas y campañas electorales, y la posibilidad de deterioro de los partidos políticos, que más allá de funcionar como lo señala la Constitución, instituciones para que los ciudadanos participen en la integración y toma de decisiones del poder público, deriven en franquicias de burocracias políticas.
Seguramente el principal riesgo que enfrenta la democracia mexicana, es el que también preocupa a toda la sociedad mexicana: la seguridad pública, y en el tema que nos ocupa, la intervención de la delincuencia organizada en los procesos políticos de elección e integración de los poderes públicos.
El reciente homicidio del presidente municipal de Uruapan, Mich., nos ha mostrado los peligros de la intervención de los grupos criminales en procesos políticos. El asesinato de Carlos Manzo tuvo un resultado político, pues no solo obligó a las instituciones a modificar el gobierno de ese importante municipio, sino que ha provocado una justificada ola de indignación, reclamos, críticas y sospechas que pocas veces se han visto en el país. No fue la primera vez que asesinan a un líder político, pero este crimen adquirió gran importancia por los reclamos y planteamientos directos que el líder asesinado, expresaba en contra de la delincuencia que por decenios ha azotado esa región y el estado
En los procesos electorales que se han realizado en este siglo, han crecido los asesinatos de actores políticos e incluso funcionarios. También se han dado renuncias coaccionadas, así como denuncias de operativos de presión, sobre funcionarios electorales y votantes, y en algunas regiones flujos de dinero difíciles de explicar por su dimensión y la nula justificación.
Evitar la injerencia de la delincuencia organizada en procesos electorales, requiere que la estrategia de seguridad pública nacional sea efectiva y disuelva las organizaciones criminales, y junto con ello establecer en la ley mecanismos para nulificar candidaturas, procedimientos o fases de un proceso específico cuando se compruebe la intervención delincuencial por coacción, intimidación o financiación.
En los procesos políticos, nuestro modelo constitucional se ha orientado a privilegiar el financiamiento público y contener el financiamiento privado, justamente para impedir que sean los recursos económicos los que determinen la integración de poderes públicos. Por eso es necesario impedir los flujos de dineros irregulares, de procedencia indeterminada o ilícita en los procesos electorales. Las normas y los mecanismos del órgano electoral nacional, para la fiscalización de origen, uso y destino de los recursos económicos en los procesos electorales, deben mejorar de tal manera que se reduzcan al mínimo las actividades político electorales que requieran dinero en efectivo, y también establecer con claridad y equidad las formas específicas para la promoción de partidos plataformas y candidaturas.
En la idea de elevar la calidad de los procesos electorales, se hace necesario limitar el uso del espacio público, mamparas y bardas. Reducir el uso del espectro electromagnético para la difusión de anuncios y dedicarlo a debates entre dirigentes y candidatos, así como a la divulgación de plataformas y propuestas políticas.
Otro gran tema que debe revisarse y modificarse es el relativo a los partidos políticos.
Según la CPEUM, los PPN son “entidades de interés público” del Estado Mexicano, y durante varias décadas sus mecanismos de organización y funcionamiento han sido cuestionados por sus dudosos procedimientos en toma de decisiones y sus elecciones internas que no facilitan la participación de sus militantes ni de los ciudadanos en sus designaciones y candidaturas. La actual Ley General de Partidos Políticos, muestra vacíos y normas que han permitido que lejos de estimular la participación democrática de la población, en la práctica la limiten y acoten.
Tal vez ya sea tiempo de acelerar la maduración de los partidos políticos de México y establecer reglas de su democracia interna: elecciones obligatorias internas con padrón y supervisión del órgano electoral, y elección de candidatos con el procedimiento que ya ha sido probado en varios países, las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).
De lo que se trata es de tener una mejor democracia.
@gilbertocarloso
