A nivel global, México ocupa el 8° lugar cuando hablamos de adolescentes casadas antes de cumplir 18 años. En localidades rurales, se presentan cada vez más casos de matrimonio infantil, por lo que diputados proponen iniciativas para detener esta problemática.
El pasado 11 de noviembre, se presentó una iniciativa al Congreso del Estado de Sonora que busca tipificar como delito a las personas que incurran en “cohabitación forzada”. Es decir, personas que inciten, promuevan o celebren uniones matrimoniales con menores de edad.
La iniciativa busca responder a la problemática que Sonora está viviendo actualmente: más de 5 mil niñas y niños viven en matrimonio o convivencia forzada con personas adultas.
Los municipios que presentan más casos de esta naturaleza son Hermosillo, Cajeme y Nogales. Todas son localidades con alta marginación y mayor presencia de comunidades indígenas.
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¿Qué promueve la iniciativa?
- De 10 a 20 años de prisión a los adultos que inciten, promuevan, soliciten, obliguen, oferten o celebren uniones matrimoniales con menores de edad.
- Multa de entre 400 y 650 UMAS (Unidades de Medida y Actualización) para todo aquel que participe en este tipo de prácticas, incluidos aquellos que fomenten o faciliten la cohabitación forzada. En muchos casos, suelen ser los padres de las víctimas.
- En caso de que la víctima pertenezca a una comunidad indígena, la pena podría aumentar
La propuesta fue solicitada a la Comisión de los Derechos de la Niñez, la Adolescencia y la Juventud para su estudio y posterior dictaminación. Aún se espera su confirmación.
¿Pero que no ya estaba prohibido en todo el país?
A pesar de que el Senado modificó el artículo 2 de la Constitución para prohibir los matrimonios en infantes y adolescentes en 31 de los 32 estados de la República (Yucatán permite dispensas), esta práctica sigue siendo bastante común.
La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) advirtió que los estados con más casos de matrimonio infantil registrados son: Guerrero, Estado de México, Michoacán, Nuevo León y Sonora.
Es necesario que se sigan implementando, actualizando y endureciendo medidas para proteger a las infancias y adolescentes. Ya no más indiferencia, ya no más impunidad, ya no más infancias desprotegidas.
