¿Y El Charro?

A días de que en Aguascalientes se diera la captura del principal generador de violencia en el Bajío y uno de los líderes del CJNG en el centro del país, alias “El Charro”, por parte de autoridades federales, siguen abiertas varias preguntas que nadie en el gobierno estatal quiere responder.

La detención fue ejecutada dentro de la estrategia de seguridad nacional impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. Sin embargo, lo más llamativo no fue que las autoridades locales intentaran atribuirse el operativo, como acostumbran hacerlo, si no que esta vez  ni siquiera se pronunciaron. Ni la gobernadora ni el presidente municipal ofrecieron una postura clara, pese a tratarse de la captura de un jefe regional del crimen organizado en territorio estatal. 

Y si algo resaltó aún más, fue la tibia -casi inexistente- cobertura de la prensa local. Nadie cuestionó a la gobernadora, nadie cuestionó a Leo Montañez. Pareció un hecho irrelevante. 

¿Qué esconden?
¿Por qué no se pronunciaron?
¿Hay contubernio?
¿Quién conduce realmente la estrategia anticrimen en Aguascalientes?
¿De verdad existe una estrategia?
¿Y si existe, quién la dirige?

Ante estas interrogantes, la  realidad es que los resultados en materia de seguridad en la capital y en el estado han sido, por lo menos, insuficientes. Y pareciera que, mientras no ocurra en un municipio gobernado por Morena, no hay interés en exhibir la impunidad con la que han operado las células criminales en “el estado de la gente buena”.

Porque, honestamente: si la detención hubiera sido en Rincón de Romos, donde gobierna Erick Muro, algunos medios y voces opositoras ya estarían gritando que Morena “protege criminales”. Estaríamos escuchando a ciertos locutores escandalizados, preocupados hipócritamente por la situación del municipio. Pero como fue en la capital, donde gobierna Leonardo Montañez y donde algunos medios cobran, prefirieron voltear la mirada.

El operativo federal permitió asegurar dos inmuebles utilizados como centros logísticos del CJNG; armas largas, municiones, equipo táctico, vehículos, así como droga -incluido un kilo de metanfetamina- además de dinero en efectivo. Nada menor.

Lo verdaderamente preocupante es que la policía estatal y municipal no participaron en la detención. El mensaje entre líneas es claro: existe una desconfianza real desde la Federación hacia el grado de colusión o infiltración de las fuerzas locales. La nula participación exhibe a las autoridades del estado y del municipio: un criminal de alto perfil pudo operar y desplazarse por Aguascalientes y Jesús María sin resistencia.

Mientras las autoridades locales guardaban silencio, la Federación vino a poner orden. Y si no se atienden las señales, podría generarse un conflicto institucional entre fuerzas federales y estatales, ya sea por incapacidad local para hacer frente al crimen o por vínculos incómodos que nadie quiere mencionar.

Lo ocurrido refleja la estrategia que impulsa el Gobierno de México para pacificar el país; y particularmente Aguascalientes, uno de los focos rojos menos reconocidos públicamente.

Por lo pronto, un juez federal vinculó a proceso a Armando “N” (El Charro) por portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, posesión de metanfetamina con fines de comercio y operaciones con recursos de procedencia ilícita. También fue vinculado José Manuel “N”, detenido en el mismo operativo.

La captura sacudió a la célula del CJNG en el estado. Golpea sus rutas de tráfico, sus mecanismos de financiamiento y su presencia operativa en la región. Lo que venga dependerá del proceso judicial.

Lo único claro es que la seguridad en Aguascalientes continúa garantizándose desde el Gobierno de México, no desde el gobierno estatal ni desde el municipal.