- Organizaciones documentan aumento de violencia, desapariciones, amenazas y presencia criminal en comunidades afectadas por los tramos 5, 6 y 7 del Tren Maya
- El informe denuncia militarización creciente, violaciones al marco jurídico, despojo territorial y afectaciones ambientales como deforestación, daño a cenotes y explotación de recursos
- Testimonios revelan abusos, patrullajes armados, opacidad en obras militares y percepción de inseguridad que altera la vida comunitaria en la región
En los últimos cuatro a cinco años, la violencia se ha incrementado “como nunca” en las zonas impactadas por la construcción del Tren Maya, donde “han aparecido restos de personas descuartizadas o embolsadas, y por primera vez se han conformado organizaciones de búsqueda de desaparecidos”, cuyos integrantes son perseguidos y amenazados.
Esta conclusión forma parte del informe Misión Civil de Observación sobre Impactos y Afectaciones del Proyecto Tren Maya (construcción y uso de las vías del tren y desarrollos colaterales) en los estados de Quintana Roo y Campeche (tramos 5, 6 y 7). En su elaboración participaron el Congreso Nacional Indígena, el Centro Comunitario U kúucchil k Ch’i’ibalo’on, el Consejo Regional Indígena y Popular Xpujil, Cenotes Urbanos, el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, el Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, Greenpeace, Jultun Investigación y Acción Colectiva, Kanan Derechos Humanos, el Observatorio Latinoamericano de Geopolítica, el Observatorio de Multinacionales y Terravida.
El documento recoge observaciones realizadas en abril de 2025 a partir de testimonios de habitantes, organizaciones sociales, investigadores, usuarios del agua, productores agropecuarios, propietarios de terrenos atravesados por la vía férrea y trabajadores de desarrollos turísticos administrados por militares, además de recorridos de activistas. El informe concluye que existe “un incremento generalizado y ostensible de violencias” atribuido a grupos delincuenciales vinculados a economías ilegales -tráfico de drogas, armas y personas- que se han expandido a regiones antes marginales.
Según el reporte, la llegada masiva de población contratada para la obra abrió un mercado de drogas y prostitución en zonas rurales y provocó disputas criminales en comunidades del sur de Quintana Roo y Campeche, mientras que en el norte turístico la violencia se ha agravado. “La ingente presencia de las fuerzas armadas no ha detenido la exacerbación de las violencias”, destacan los expertos, quienes subrayan una “generalizada percepción de inseguridad”.
Además de afectaciones socioambientales persistentes, el informe documenta prácticas de especulación inmobiliaria y despojo territorial impulsadas por empresarios e instituciones mediante expropiaciones con condiciones “arbitrarias y desfavorables”. También denuncia “inaccesibilidad a la justicia” y violaciones al marco jurídico, señalando que acciones legales contra el megaproyecto han sido neutralizadas mediante intervención militar, coerción, estigmatización de defensores, promoción de grupos de choque y decretos presidenciales que declararon el proyecto como asunto de seguridad nacional, así como una actuación judicial alineada con esta determinación. Ninguno de los más de 50 amparos interpuestos desde 2020 logró detener las obras.
Pese a este contexto, la Misión observó la presencia activa de organizaciones civiles y colectivos que, a pesar de las amenazas, sostienen espacios de diálogo y defensa de derechos humanos. También identificó una resistencia continua en forma de movilizaciones y acciones legales para proteger territorio y derechos conexos.
El informe señala como preocupación central la militarización: por cada pasajero del Tren Maya hay dos militares desplegados en la región. La presencia castrense altera la vida comunitaria; elementos armados se observan en restaurantes, tiendas, cines y parques, generando miedo y modificando dinámicas sociales.
El proyecto, recuerda el documento, fue transferido a la Sedena mediante decreto del 22 de noviembre de 2021, lo que fortaleció la ocupación militar del territorio. De acuerdo con cifras del propio Óscar David Lozano Águila, director del proyecto, en junio de 2025 había 6 mil 583 militares en la zona frente a 3 mil 320 pasajeros diarios. El informe detalla distribución de efectivos, infraestructura, drones, helicópteros y bases militares asociadas al proyecto.
Los testimonios recabados aluden a “vejaciones, abuso de poder y extralimitación de funciones” de elementos militares hacia personas y bienes comunitarios. Para la Misión, la entrega del proyecto a la Sedena constituye una “ocupación del territorio”, con fuerzas armadas apropiándose de caminos, estaciones, almacenes, cuarteles, bancos de material, aeropuertos y otros espacios.
El informe documenta la deforestación de 11 mil 482 hectáreas de selva; la instalación de 15 mil pilotes de acero en sistemas de cuevas; daños irreversibles a fauna y flora; y afectaciones a 130 cenotes y al sistema acuífero de la península de Yucatán.
Se identificaron daños en parcelas agropecuarias, bosques y terrenos particulares; explotación de fuentes de agua; instalación de campamentos; explotación laboral; cercamiento de espacios públicos; patrullajes armados en áreas recreativas y culturales sin consulta previa; incumplimiento de pagos a ejidos por derechos de vía y material extraído; y adeudos con trabajadores y proveedores.
Habitantes denunciaron despojo de parques, lagunas, cenotes, playas y caminos rurales, así como indefensión ante arbitrariedades militares debido al miedo a denunciar.
La Misión documentó también la opacidad de las empresas militares del corporativo Grupo Mundo Maya, protegidas bajo la figura de “seguridad nacional”. Entre los casos señalados destacan el hotel militar en Uxmal, que impactó 40 hectáreas de selva; el hotel militar en Calakmul, construido dentro de una Reserva de la Biósfera; y la llamada “casa de descanso” militar en Bacalar, edificada sin permisos ambientales y contra la voluntad de la comunidad.
