- La CDHEA reportó 16 medidas cautelares, con 73 puntos por atender, dirigidas a diversas autoridades
- Entre los casos destacan centros de rehabilitación, el CEDA, Ceresos estatales, personal de salud y corporaciones de seguridad
- La Comisión también emitió medidas para garantizar la libre manifestación en marchas como el 8M y el Orgullo LGBT+, así como para prevenir tratos discriminatorios hacia personas con VIH e infecciones de transmisión sexual
Durante el Cuarto Informe de la actual titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes (CDHEA), Yesica Pérez Carreón, se dio cuenta de la emisión de 16 medidas cautelares, dirigidas a distintas autoridades, con un total de 73 puntos por atender, con el objetivo de proteger de manera inmediata los derechos humanos de personas involucradas en presuntos actos de abuso de autoridad.
La CDHEA tiene la facultad de recomendar a autoridades estatales y municipales la adopción de medidas precautorias o cautelares, con el fin de salvaguardar los derechos humanos frente a amenazas o afectaciones atribuibles a personas servidoras públicas. Entre las medidas dictadas en 2025 destaca la medida cautelar 1/2025, relacionada con un Centro de Rehabilitación, donde se constató la presencia de personas adultas y trece personas adolescentes, estas últimas remitidas por la Procuraduría de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del estado.
De acuerdo con los informes de la CDHEA, se detectó que en dos casos no se acreditaba la necesidad del ingreso de las personas adolescentes, por lo que se emitió un llamado urgente para adoptar acciones que protegieran su integridad física y psicológica. Posteriormente, se emitieron las recomendaciones 4/2025 y 5/2025, dirigidas al Centro Estatal para el Desarrollo del Adolescente (CEDA), donde se reportaron presuntos maltratos físicos por parte del personal de vigilancia. Asimismo, se dictaron medidas cautelares relacionadas con el Cereso de Mujeres y el Cereso Varonil.
La Comisión también exhortó a las autoridades de seguridad pública a garantizar el derecho a la libre manifestación durante las marchas del 8M y del Orgullo LGBT+. Otra medida cautelar fue emitida contra personal de salud, por presuntos malos tratos y actos de discriminación hacia personas que viven con VIH y otras infecciones de transmisión sexual, incluyendo tiempos excesivos de espera para recibir medicamentos, comentarios denigrantes y la exposición indebida de su condición de salud.
Finalmente, en los expedientes 13/2025, 14/2025 y 15/2025, la CDHEA documentó presuntos abusos de personal de seguridad, entre ellos un trato violento e intimidatorio que derivó en la necesidad de contención emocional y valoración psiquiátrica de una persona, así como hechos ocurridos en el municipio de Jesús María, donde se reportó el uso de armas de fuego por parte de elementos de seguridad pública municipal, con lesiones a personas menores de edad, además de otro caso en el que un ciudadano resultó lesionado tras un altercado.
