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miércoles, febrero 4, 2026

Destituyen a jueza oral en Tamaulipas tras imponer multa millonaria a una abogada

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  • Según expertos, la multa impuesta excedía ampliamente los parámetros normativos del sistema penal acusatorio, en el cual las sanciones económicas por faltas procesales suelen ubicarse dentro de rangos mucho menores y deben estar debidamente motivadas 

El Poder Judicial de Tamaulipas destituyó de su cargo como jueza de enjuiciamiento a Mónica Iliana Pérez Chapa, luego de que se viralizó la imposición de una multa considerada “excesiva e injustificada” contra una abogada litigante durante una audiencia celebrada el pasado 4 de noviembre en la capital del estado. 

La sanción, de aproximadamente 1 millón 249 mil pesos, fue dirigida contra la abogada Aglaeth Yesenia González Cruz, quien en plena audiencia solicitó que la jueza se declarara incompetente por presuntas irregularidades procesales en el desarrollo del juicio. 

La reacción de Pérez Chapa provocó críticas inmediatas de colectivos de abogados y especialistas en derecho penal acusatorio. 

Según expertos, la multa impuesta excedía ampliamente los parámetros normativos del sistema penal acusatorio, en el cual las sanciones económicas por faltas procesales suelen ubicarse dentro de rangos mucho menores y deben estar debidamente motivadas. 

Ante el reclamo generalizado, el Órgano de Administración Judicial determinó separar a la jueza de su función dentro del sistema oral, argumentando la necesidad de garantizar el adecuado funcionamiento del modelo acusatorio y el respeto al derecho de defensa. 

Pérez Chapa fue reasignada temporalmente al sistema penal tradicional, donde no opera la figura de juicios orales. 

Por su parte, la abogada sancionada promovió un juicio de amparo ante el Poder Judicial Federal, el cual otorgó la suspensión provisional de la multa mientras se analiza el fondo del caso. 

El Poder Judicial del Estado continúa con la investigación interna para determinar si la jueza incurrió en abuso de autoridad, falta administrativa o violaciones a la normatividad procesal. El resultado de este procedimiento podría sentar un precedente importante sobre los límites del poder sancionador de los jueces en el sistema oral y sobre la protección al derecho de defensa en Tamaulipas. 

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