- La FGR abrió una carpeta por delincuencia organizada tras la explosión de un vehículo cargado con explosivos en Coahuayana, Michoacán
- FEMDO encabeza la investigación con apoyo de Sedena, Semar, SSPC, Guardia Nacional y autoridades estatales
- Quince peritos y once policías ministeriales especializados trabajan en el sitio para esclarecer el estallido que dejó cinco muertos y 12 heridos
La Fiscalía General de la República (FGR) inició una carpeta de investigación por delincuencia organizada tras la explosión de un automóvil bomba ocurrida el 6 de diciembre en Coahuayana, Michoacán, que dejó cinco personas fallecidas y 12 lesionadas.
La institución encabezada por Ernestina Godoy informó que la indagatoria quedó a cargo de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), la cual trabajará de manera coordinada con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México. En las investigaciones participarán la Sedena, la Semar, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Guardia Nacional (GN).
La FGR señaló que las diligencias se realizan junto con autoridades estatales de Michoacán y forman parte del inicio formal de la investigación por delincuencia organizada. Detalló que en el sitio del estallido operan 15 peritos del Centro Federal Pericial Forense y 11 policías federales ministeriales de la Agencia de Investigación Criminal.
El personal desplegado está especializado en criminalística, fotografía, medicina, genética, lofoscopía, telecomunicaciones, tránsito terrestre, ingeniería, arquitectura, incendios y explosivos, química y balística forense.
La explosión ocurrió el sábado cerca del mediodía, cuando una camioneta tipo pickup cargada con explosivos fue estacionada y detonada frente a las instalaciones de la Policía Comunitaria de Coahuayana, en el corazón de la presidencia municipal. El conductor, cuya identidad no se ha revelado, presuntamente murió al accionar la carga. Otras víctimas fallecieron en el lugar o durante su traslado al hospital.
Coahuayana, ubicado en la franja costera colindante con Colima, enfrenta desde septiembre un clima de tensión por enfrentamientos entre grupos delictivos. En ese periodo, el alcalde Andrés Rafael Aguilar Mendoza suspendió clases debido a la violencia, decisión que motivó un llamado de atención del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, quien aseguró que la situación estaba “totalmente controlada”.
Semanas antes ya se habían registrado detonaciones de artefactos explosivos en la zona, que dejaron dos personas fallecidas.
