La iniciativa federal prohibiría cortar el suministro doméstico, medida que INAGUA considera riesgosa porque incrementaría la cultura del no pago y afectaría la operación
Mata Atilano advirtió que la recaudación sostiene energía, mantenimiento y procesos del sistema; sin pago ciudadano, la eficiencia y continuidad del servicio se verían comprometidas
Señaló que esta reforma también afectaría participaciones federales ligadas a eficiencia recaudatoria y pidió revisar el artículo ante CONAGUA para evitar impactos graves
La propuesta de la nueva Ley de Aguas Nacionales prohibiría a los municipios suspender el suministro de agua en los hogares, lo que representaría un fuerte impacto en la operación de los sistemas y fomentaría la cultura del no pago, advirtió el director de INAGUA, Noel Mata Atilano.
Explicó que se revisa a detalle la iniciativa de Ley General de Aguas, cuyo objetivo es regular el abasto para uso público urbano y garantizar el acceso al agua como derecho humano. Sin embargo, subrayó que preocupa que en la redacción actual se plantee de manera explícita la prohibición de cortar el servicio en cualquier vivienda.
“En ese sentido estamos revisando con mi equipo jurídico, pues, a nosotros nos preocupa que quede tácito en esta nueva ley el que se prohíba expresamente en la ley el cortar el suministro del agua a cualquier hogar”, indicó.
El titular de INAGUA señaló que, de mantenerse así, la iniciativa incrementaría la cultura del no pago. Añadió que no se cobra el agua como tal, sino la operación del sistema: la energía, mantenimiento y procesos necesarios para garantizar el servicio diario. Por tanto, insistió, debe existir un compromiso de ambas partes: autoridad y ciudadanía.
Indicó que esto es lo que buscan recuperar los organismos operadores y que, de aprobarse tal como está, “será muy preocupante”, por lo que se mantendrán atentos al debate en el Senado.
Mata Atilano consideró que muchos legisladores no dimensionan el impacto que cambios así generan en el sector agroproductivo. Recordó que, además del derecho al agua, existe el derecho a la alimentación, y señaló que el gobierno no está siendo un facilitador para quienes dependen de la producción del campo.
Mencionó que también revisarán que no se vulneren los derechos de transmisión de pozos, heredados de generación en generación, pues muchas familias dependen económicamente de ellos. Ante ello, reiteró la preocupación del sector y la necesidad de apoyar desde el ámbito local si no se logra un equilibrio a nivel federal.
Añadió que esta situación representaría un doble golpe a las finanzas municipales: primero, por la falta de recursos para operar los sistemas y, segundo, porque la fórmula para la distribución del presupuesto depende de la eficiencia recaudatoria en predial y agua. Si disminuye la recaudación, caerán también las participaciones.
Señaló que entre mayor sea la recaudación, mejor será la participación que reciben los municipios. Por ello, advirtió que iniciativas que fomenten el no pago afectan directamente al servicio y al recurso disponible.
Indicó que esta problemática ya fue expuesta ante la dirección de CONAGUA, donde se comprometieron a revisar la redacción del artículo en cuestión. “Quedaron en que habrían de revisar la redacción de este artículo y veremos si se tomó en cuenta esta opinión de manera respetuosa”, manifestó.
