- Aplican sanciones a padres que incumplieron medidas correctivas dictadas por la autoridad cívica
- Las sanciones incluyen multa o arresto, con opción de trabajo comunitario
- Buscan reforzar la responsabilidad parental y prevenir la reincidencia
El Municipio de Jesús María se convirtió en el primer municipio del estado en aplicar sanciones directas a madres, padres o tutores por la falta administrativa de omisión de cuidado, cuando adolescentes a su cargo incurrieron en infracciones y sus responsables no cumplieron con las medidas correctivas y de orientación ordenadas por la autoridad cívica.
De acuerdo con el Reglamento de Justicia Cívica vigente, la omisión de cuidado se configura cuando quienes ejercen la patria potestad o custodia no cumplen con su deber de vigilancia, atención y responsabilidad respecto de los adolescentes infractores, o bien desatienden las determinaciones emitidas por el Juez Cívico.
Durante el pasado fin de semana se realizaron audiencias cívicas en contra de padres de adolescentes infractores que no acudieron ni cumplieron con las actividades y talleres establecidos como parte de las medidas correctivas, lo que dio continuidad a la falta administrativa de omisión de cuidado.
En dichas audiencias, la autoridad determinó la aplicación de sanciones que, conforme a la ley, pueden consistir en multas económicas o arresto administrativo, con la posibilidad de conmutarse por trabajo en favor de la comunidad. En estos casos, los propios padres optaron por cumplir la sanción mediante trabajo comunitario, evitando el pago de la multa.
Estas acciones tienen como objetivo inhibir la reincidencia, reforzar la responsabilidad parental y dejar en claro que la conducta de los adolescentes también conlleva obligaciones legales para quienes ejercen su cuidado y supervisión.
Cabe destacar que Jesús María cuenta con este marco normativo desde 2023 y que, durante 2024 y gran parte de 2025, la autoridad cívica privilegió la orientación, el acompañamiento familiar y el cumplimiento voluntario, mediante una estrategia integral basada en la cultura de la legalidad. Fue únicamente un bajo porcentaje el que incurrió de manera reiterada en el incumplimiento de dichas medidas, motivo por el cual, tras agotarse las vías formativas y preventivas, en este 2025 se procedió a ejecutar las sanciones previstas en la ley.
