- Jorge Romero afirmó que la nueva Ley General de Aguas elimina la transmisión de derechos y representa un riesgo para productores y propiedad privada
- Acusó que Morena busca centralizar decisiones hídricas en Conagua, pese a su falta de presupuesto y personal suficiente
- Señaló que la ley permitiría reasignar agua sin criterios técnicos, afectando tierras, inversiones y acceso en comunidades y sectores productivos
El presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, afirmó que la Ley General de Aguas, aprobada por Morena en el Congreso de la Unión, representa “el inicio del fin a la propiedad privada en México”, al argumentar que la norma elimina la posibilidad de transmitir derechos de agua y concentra las decisiones en el Gobierno Federal.
Según el dirigente panista, la legislación afectará a más de dos millones de productores agrícolas, quienes ya no podrán heredar, vender o ajustar los volúmenes de agua vinculados a sus predios. Agregó que, con la nueva ley, las concesiones dejarán de formar parte del patrimonio de los propietarios, lo cual -dijo- provocará la devaluación de tierras y una disminución en la inversión en el campo y la industria.
Romero sostuvo que la aprobación forma parte de un proceso mediante el cual Morena busca ampliar su control institucional. “Así como se apropiaron del Poder Legislativo, del Judicial y ahora del agua, Morena busca poner fin a la propiedad privada para apoderarse del patrimonio de las familias mexicanas”, acusó. Señaló además que el oficialismo pretende “controlar el poder, la justicia, la economía y la seguridad”, y ahora también el acceso al agua en todo el país.
Aseguró que con la nueva normativa “Morena vuelve a sentirse dueño de todo y ahora atenta contra la propiedad privada”.
De acuerdo con Romero, la ley subordina a estados, municipios, productores y comunidades a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), aun cuando —dijo— la propia iniciativa reconoce que el organismo carece del presupuesto y personal necesario para asumir la responsabilidad.
“Lo más preocupante es que la misma iniciativa reconoce que Conagua no tiene hoy ni el presupuesto ni el personal suficiente, pero aun así le entregan todo el control”, señaló.
Afirmó también que el gobierno podrá reducir o reasignar volúmenes de agua sin análisis previo, lo que podría dejar sin acceso al recurso a comunidades, empresas o agricultores en un plazo de 20 días. Añadió que la ley permite declarar zonas de escasez sin criterios técnicos, facultando a la autoridad a redirigir agua entre estados sin compensación.
Romero concluyó que la aprobación de la ley no implica una reorganización de recursos hídricos, sino “centralizar toda decisión sobre el agua, atentando contra la mínima y elemental propiedad privada en México”.
