Solo tuvieron que pasar 18 años para que se reconociera la responsabilidad del Estado mexicano en la muerte de Ernestina Ascencio Rosario, mujer indígena náhuatl y habitante de la sierra de Zongolica, Veracruz, una región militarizada por órdenes del entonces presidente, Felipe Calderón.
Tras un largo proceso iniciado desde 2012, este 16 de diciembre la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó sentencia contra el Estado mexicano por vulnerar los derechos a la vida, a las garantías judiciales, protección judicial, entre otros. Por su parte, la Secretaría de Gobernación y Relaciones Exteriores emitieron un comunicado en el cual el gobierno mexicano reconoció su responsabilidad.
La presidenta Claudia Sheinbaum garantizó este 17 de diciembre durante la Conferencia matutina que se cumplirá con las acciones ordenadas por la CIDH respecto al caso. “Vienen muy específicas las acciones que tiene que desarrollar el Estado mexicano y las vamos a cumplir. Vamos a pedirle a Rosa Icela Rodríguez y a Arturo Medina que puedan venir para poder explicar cada una de las acciones que vienen determinadas ahí, y que tiene que cumplir el Estado mexicano. Es el periodo de Calderón, hay que recordarlo.” Declaró.
Caso Ernestina Ascencio
El 24 de febrero de 2007, Ernestina Ascencio fue violentada sexualmente por militares del 63 Batallón de Infantería. Solo un día antes, los elementos habían instalado un campamento militar en la zona, como parte de la estrategia de combate al narcotráfico durante el sexenio de Felipe Calderón.
Según su testimonio, los militares la habían amarrado, se le pusieron encima y la violaron, mientras pastoreaba sus ovejas cerca de su comunidad, como solía hacerlo. Ernestina tenía 73 años, vivía en condiciones de pobreza, no hablaba español y por si fuera poco, era una mujer autónoma.
Tras la agresión, fue trasladada por sus familiares al hospital más cercano, el único que encontraron disponible era el Hospital Regional de Río Blanco, ubicado a 20 kilómetros del lugar donde fue agredida y que no contaba con intérpretes. Horas más tarde, murió por las graves lesiones y la falta de atención médica adecuada.
Meses después, la Procuraduría General de Justicia de Veracruz cerró la investigación tras la denuncia que los mismos hijos de Ernestina pusieron en abril de 2007, y la Fiscalía de Justicia Militar también archivó la propia investigación de sus elementos en junio. Por su parte, Felipe Calderón afirmó cínicamente que la muerte de Ernestina fue resultado de una “gastritis crónica no atendida”. Nunca mencionó el involucramiento de terceros ni asumió responsabilidad.
¿Qué medidas de reparación dicta la CIDH?
- Una investigación penal exhaustiva y seria sobre la violación sexual, tortura y muerte de Ernestina Ascencio para identificar, procesar y sancionar a los responsables
- Brindar tratamiento médico, psicológico y/o psiquiátrico a los familiares
- Realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional en el municipio Soledad Atzompa, Veracruz
- Implementar programas de formación y capacitación para funcionarios públicos
- Fortalecer el Centro de Atención Especializada de Soledad Atzompa, y crear un Registro Nacional de Intérpretes y Traductores en Lenguas Indígenas para los sistemas de salud y justicia
- Otorgar becas escolares a los nietos de Ernestina
- Entre otros
La violencia a manos de la militarización
A 18 años del despliegue de las Fuerzas Armadas en las calles, impulsado por Felipe Calderón y mantenido por Claudia Sheinbaum, este evento histórico cobra mayor sentido, recordándonos las graves violaciones a los derechos humanos y un patrón de violencia por parte de la militarización. Este fallo no solo le ofrece justicia a Ernestina, sino que también trae consigo una conversación urgente sobre la normalización de estrategias contra la violencia, que han traído más violencia con ellas.
